El acusado es el senador Félix Bautista, secretario de organización del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y uno de los más cercanos colaboradores del ex presidente del país, Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012).
Santo Domingo. Las actuaciones del Ministerio Público dominicano en el proceso judicial que lleva a cabo contra un senador por supuesta corrupción aviva estos días el debate sobre la verdadera voluntad de las autoridades locales de perseguir este flagelo, una asignatura pendiente en esta nación caribeña.
Abogados consultados por Efe coinciden en que se han violado derechos del acusado durante el proceso, que podrían provocar que el caso se cayera en la Justicia, que mañana decidirá en audiencia si existen las pruebas suficientes para enjuiciar al legislador.
El acusado es el senador Félix Bautista, secretario de organización del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y uno de los más cercanos colaboradores del ex presidente del país, Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012).
Está acusado de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, desfalco, falsedad de escritura y prevaricación, entre otros delitos, que involucran a otras seis personas en el expediente.
Los supuestos delitos los habría cometido cuando dirigía, durante las gestiones del expresidente Fernández, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.
Hace dos años varias organizaciones denunciaron a Bautista por supuesta corrupción, pero el caso fue archivado por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA).
Ahora, el caso se investiga del procurador general, Francisco Domínguez Brito, acusado por Bautista de perseguirle por haberle negado apoyo en varios procesos internos del PLD, del que el ahora procurador fue senador entre 2006 y 2010.
Bautista, quien hace más de una década estuvo preso por supuesto desfalco al Estado, pero fue descargado, acusa al procurador de haber sometido un expediente mediático, que ha sido investigado y archivado por los tribunales, "sin fundamento legal ni base probatoria" y asegura que lo "contrastará en los tribunales".
Organizaciones que desde el principio han denunciado el caso, como es Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), critican el hecho de que han sido excluidas del proceso por parte del procurador, a quien acusan de llevar a cabo una mala instrumentación del expediente y convertir el proceso "en más mediático que judicial".
El presidente de Adocco, Julio César de la Rosa Tiburcio, dijo a Efe que en el país no existe voluntad para perseguir la corrupción.
El abogado recordó cómo el procurador llevó a cabo la inmovilización de bienes propiedad del senador sin el auxilio de la Justicia, lo que provocó que el juez de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto, levantara el bloqueo.
Tras esta decisión, Domínguez Brito dijo que la Judicatura no está asumiendo el rol que le corresponde en la lucha contra la corrupción y que esta situación pone en juego el estado de derecho en el país, y consideró que la mayoría de la nación espera respuestas contundentes y responsables ante todo acto de corrupción.
La última acción llevada a cabo por el Ministerio Público y que ha sido criticada fue la incautación de un avión cuya propiedad se le atribuye al senador, quien niega que sea suyo.
La incautación no contó con la autorización del juez apoderado del caso, obligatoria cuando se trata de derechos y garantías fundamentales, según dijeron en una declaración remitida a Efe los exjueces Ulises Bonelly y Erick Hernández.
Ambos sostienen que si las actuaciones del procurador son incorrectas la obligación de los jueces es negar sus peticiones conforme a la Constitución y las leyes locales.
La abogada Laura Acosta dijo a Efe que el hecho de que este sea un proceso contra un funcionario "de gran poder económico y político" obliga a tomar precauciones "para evitar darle armas con qué defenderse al margen del fondo de la investigación".
Reconoce que ciertamente es controvertido el hecho de que el Ministerio Público actúe sin orden judicial para inmovilizar bienes, en este caso, los del senador.
No obstante, asegura que la acusación depositada por el Ministerio Público contra el político "tiene los elementos suficientes para retener la necesidad de que se diriman esas pruebas en un juicio público, oral y contradictorio".
Argumentó que la sociedad dominicana "necesita saber que la Justicia está ahí, existe y se aplica a todos por igual" y que "se contradigan pruebas, se presenten argumentos de fondo, y salgamos de los ataques personales que pretenden diluir hechos que de comprobarse su veracidad, son de extrema gravedad".
Para Acosta esta es una "gran prueba" para la justicia dominicana".
Sin embargo, de la Rosa Tiburcio dice no tener esperanza de que el caso prospere "por lo mal que ha sido llevado a cabo".
El procurador reabrió el caso "por intereses y la ganancia política que le pueda generar, esto le gana adeptos, le da resultados positivos", apostilló.
