El abogado querellante de la desaparición de 24 obreros de un fábrica de la empresa en 1976 subrayó la importancia de juzgar "la complicidad de grupos económicos empresariales con la dictadura con el único objetivo del mejoramiento de su renta".

Buenos Aires, EFE. Tres ex directivos de la filial argentina de la automotriz Ford se presentaron ante la Justicia para prestar declaración indagatoria en el marco de una causa por presuntas detenciones ilegales de operarios durante la última dictadura (1976-1983), confirmaron este miércoles a Efe fuentes de la querella.

El ex jefe de seguridad de Ford Argentina, Héctor Francisco Jesús Sibilla, declaró este martes ante la jueza Alicia Vence, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de la localidad bonaerense de San Martín, pero no trascendieron detalles de su indagatoria.

El ex gerente general de la automotriz estadounidense Pedro Müller y el ex gerente de Relaciones Laborales Guillermo Galarraga ejercieron su derecho constitucional a no declarar, detalló a Efe el abogado querellante, Tomás Ojea Quintana.

"La declaración indagatoria nos parece trascendental porque es un pedido que se hizo hace ya cinco años con evidencias y con testimonios", explicó Ojea, quien agregó que se trata "de un primer paso" para conseguir un juicio oral y público en el que se diluciden las presuntas detenciones forzosas de delegados sindicales.

El abogado querellante subrayó la importancia de juzgar "la complicidad de grupos económicos empresariales con la dictadura con el único objetivo del mejoramiento de su renta".

Vence investiga las detenciones ilegales de 24 obreros de la fábrica de Ford en la localidad bonaerense de Pacheco ocurridas entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976.

La magistrada realizó una inspección a la planta automotriz en mayo pasado junto a diez extrabajadores, entre ellos delegados sindicales, que denunciaron haber sido secuestrados en este lugar durante el régimen militar.

En 2006, Pedro Troiani, uno de los exdelegados sindicales secuestrados, presentó una querella contra exdirectivos de la filial local de Ford, a los que acusó presuntamente de ejecutar un plan para deshacerse de forma violenta de la actividad sindical en complicidad con fuerzas de la última dictadura (1976-1983).