La Asamblea Nacional, en tanto, pidió iniciar un proceso de consulta a las comunidades antes de la votación para aprobar la iniciativa.

Quito. El movimiento indígena de Ecuador suspendió este viernes, temporalmente, sus protestas contra un polémico proyecto de ley de recursos hídricos, mientras la Asamblea Nacional pidió iniciar un proceso de consulta a las comunidades antes de la votación para aprobar la iniciativa.

"No hemos dicho que están terminadas las movilizaciones. Hemos suspendido temporalmente", dijo a periodistas el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Santi.

Desde este lunes, los indígenas protagonizaron duras manifestaciones cerrando con piedras, palos y neumáticos algunas carreteras del país, en medio de enfrentamientos con policías y la advertencia del Gobierno de que no permitirá la paralización de servicios como el transporte.

El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, pidió en la víspera a un equipo del legislativo que inicie el procedimiento para consultar a las comunidades si están de acuerdo con el proyecto de ley.

Sin embargo, la medida no es aceptada por los grupos indígenas, quienes afirman que las sugerencias y cambios que se realicen a la iniciativa legal dentro de la consulta no se aplicarán porque no son consideradas por la Constitución como vinculantes.

"La consulta tiene que ser vinculante", insistió Santi durante una rueda de prensa, donde manifestó su inconformidad con el proceso.

Foco de disputa.  El principal punto de disputa entre el Gobierno y los indígenas es la creación de un ente estatal regulador del uso del agua, y especialmente por quién tendrá el control sobre su administración.

El Gobierno ha sido claro en manifestar que no permitirá que las comunidades indígenas controlen este organismo.

"Lo que no vamos a permitir es que un grupo, por importante que se crea, se apodere del agua", dijo el presidente Rafael Correa en una entrevista a un medio local.

En tanto, la votación en la Asamblea para aprobar el proyecto de ley estará suspendida por al menos cinco meses, tiempo en el cual se llevará adelante la consulta a las comunidades.