"Pacifista Colombia” cifra en 56 el número de asesinatos de líderes comunales, desde que empezó la implementación del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016.

Bogotá. La indígena embera Elvia Azucena Vargas, asesinada este 3 de noviembre, es la última víctima de una serie de crímenes contra líderes comunitarios en Colombia. "Este no fue un crimen como cualquier otro”, dice a DW la líder indígena Silsa Matilde Arias, del pueblo Kakuama, y agrega que "no solo callaron a una voz indígena, sino que eliminaron a una autoridad. Además de haber cometido un feminicidio, un crimen contra una madre con hijos”.

Nadie podía decir hasta este este momento por qué fue asesinada Elvia Azucena Vargas. Pero hay un hilo de sangre que conduce a la fuente de la guerra soterrada contra indígenas y campesinos, surgida tras el fin del conflicto: la coca.

"Pacifista Colombia” cifra en 56 el número de asesinatos de líderes comunales, desde que empezó la implementación del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016. Silsa Matilde Arias, también asesora de comunicaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), recuerda que "son ya cuatro los indígenas asesinados en un mes”.

El ELN, disidencias de  FARC y carteles del narcotráfico. Otra pista de esa nueva guerra sucia contra las poblaciones más golpeadas por el conflicto armado la da el crimen contra el líder indígena Aulio Isarama Forastero, asesinado el 24 de octubre por la guerrilla del ELN, que pactó, realmente, un cese el fuego, gracias a las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano en Quito.

Ciertos frentes del ELN, así como disidentes de las extintas FARC, quienes junto con el llamado Cartel del Golfo, tienen en sus manos los otros hilos que llevan al origen del problema: el narcotráfico y la resistencia a que las autoridades recuperen sus territorios para el estado de Derecho. Los campesinos cocaleros y los indígenas siguen en medio de los intereses de los narcotraficantes y el Estado colombiano.

"Colombia está comprometida a reducir las 100.000 hectáreas de cultivo de coca para 2018 porque estas plantaciones son una amenaza para el proceso de paz”, dijo este 3 de noviembre ante la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en Viena, Rafael Pardo, ministro colombiano para el Postconflicto.

La identidad y actividad de las víctimas (líderes indígenas, campesinos y negros), así como las regiones de los crímenes (Chocó, César, Nariño y Catatumbo, áreas de cultivos de coca) revelan, por su parte, la geografía y el motivo de las muertes: los cultivos de coca y su fallida erradicación.

"A pesar de que el Gobierno y las FARC se comprometieron en el Acuerdo de Paz a concertar con los campesinos la erradicación de las siembras de coca, a cambio de ofertas alternativas de cultivos para el sustento de los cultivadores, el Gobierno de Juan Manuel Santos está incumpliendo con lo pactado”, agrega Arias, asesora de la Organización Nacional Indígena de Colombia.

Lo acordado en La Habana es que los cultivadores destruyan, voluntariamente, el 50% de sus cultivos, mientras el otro 50 será erradicado, manualmente, por las Fuerzas Armadas y sin el uso de herbicidas como glifosato. "Correcto”, apunta Arias, "pero lo que está sucediendo es que, sin concertación alguna con los cocaleros, o sea sin ofrecer antes alternativas económicas, ni acordar con ellos personalmente la erradicación voluntaria, las fuerzas militares han buscado entrar a destruir los cultivos”. Choques que han terminado con campesinos e indígenas muertos y policías heridos.

Protesta colectiva de los indígenas. La situación es tan grave que desde el 30 de octubre unos 100 mil indígenas se encuentran en una "Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Paz y el Cumplimiento de los Acuerdos”. Minga es una voz quechua que significa "unir esfuerzos colectivos para un bien común”, explica Arias. Una protesta no exenta de bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la policía.

"Le seguimos apostando a una paz completa, estable y con nosotros. Sin embargo, vemos con tristeza y preocupación que, a pesar del Acuerdo de Paz y el cese al fuego, la violencia no para. A los indígenas, campesinos, afros, y demás líderes populares nos siguen matando y la impunidad crece”, expresan en un documento difundido por la Minga Nacional Indígena.

Para Sisla Arias es claro: "La presión que ejerce la administración de Trump sobre Colombia ha llevado a que el Gobierno quiera presentar resultados de erradicación de cultivos de los coca sin respetar los compromisos con los campesinos colombianos”.

Pero no todo parece perdido: justo este 3 de noviembre la ONU y Colombia acordaron destinar 315 millones de dólares para los programas alternativos que favorecen la erradicación de cultivos de coca. Arias concluye: "Colombia tiene que contar con sus 106 pueblos indígenas. Nosotros no somos narcotraficantes, somos los guardianes naturales de los bosques”.