Así lo señala el "Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América Central", elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

San José, EFE. Representan el 15% de la población de Centroamérica y aportan una enorme riqueza cultural, pero los pueblos indígenas de la región continúan sufriendo la exclusión en los procesos de desarrollo de sus países y el poco respeto a sus derechos.

Así lo señala el "Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América Central", elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) con la colaboración de líderes indígenas, quienes fueron los encargados de redactar las recomendaciones.

La representante para Centroamérica del ACNUDH, Carmen Rosa Villa, declaró a Efe que una de las principales preocupaciones de los indígenas de la región es la sobreexplotación de los recursos naturales como parte de la visión de desarrollo de los estados.

"Muchas veces se dice que los pueblos indígenas no quieren el desarrollo y esto es una afirmación totalmente falsa. Lo que pasa es que nuestra visión de desarrollo no necesariamente coincide con la de ellos", aseguró Villa.

Explicó que "los indígenas tienen una cosmovisión distinta a la occidental, pero que tiene que ser respetada, reconocida y admirada porque son pueblos milenarios que han contribuido a la construcción de la región centroamericana".

Según el informe, que recopila datos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en Centroamérica habitan casi 5,8 millones de indígenas en 52 grandes pueblos, lo que representa el 15% de la población de la región.

Guatemala es el que tiene una mayor cantidad de aborígenes con 4,3 millones, lo que representa el 38% de los habitantes del país.

Sobre Guatemala, el diagnóstico del ACNUDH señala como uno de los principales problemas que las tierras indígenas han sido "expropiadas desde la época colonial, arrasadas durante el conflicto armado y ahora explotadas para la extracción de recursos naturales y la realización de proyectos de desarrollo".

"Ello genera conflictos sociales, incertidumbre, intimidaciones y ataques a líderes por el reclamo de sus derechos y una respuesta estatal dirigida a la autorización de desalojos, muchos realizados en forma violenta", señala el documento.

En el caso de El Salvador, una de las principales críticas es que "el Estado no reconoce constitucionalmente la existencia de los pueblos indígenas y por lo tanto tampoco reconoce sus derechos colectivos como pueblo".

El estudio recomendó a El Salvador reformar la Constitución Política para que reconozca la "identidad multiétnica, plurilingüe y multicultural de la nación" que incluya a los pueblos Náhuatl/Pipil, Lenca y Cacaopera.

De Honduras se afirma que hay poca participación política de los indígenas y que sus territorios muchas veces son dados en concesión por el Estado sin consultarles.

Sobre Nicaragua indica que a pesar de que muchas comunidades poseen títulos de propiedad sobre sus tierras, éstos no son reconocidos por el Estado, aunque el informe destaca diversos avances en temas como salud y participación política.

Acerca de Costa Rica, uno de los principales señalamientos es que el proyecto de ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas ya suma 18 años de haber ingresado al Congreso sin que se haya votado.

Esa iniciativa busca dar autonomía a estos grupos para la administración de sus tierras, el reconocimiento de sus juicios consuetudinarios, una educación pluricultural, el establecimiento de patentes para su medicina natural y procesos de consulta.

Sobre Panamá, el estudio destaca que se han tomado medidas legislativas y jurídicas para avanzar en la protección de los derechos indígenas como las leyes comarcales.

Entre los principales vacíos de Panamá en la materia se destacan falta de mecanismos de consulta y de acceso pleno a la justicia, así como déficit en infraestructura de salud para esos pueblos.

El informe de la ACNUDH se concentró en diagnosticar los problemas de los indígenas en relación con el derecho a la tierra, a la consulta, a la participación política, a la salud y educación, a la igualdad y no discriminación y acceso a la justicia.

En todos los países los indígenas sufren dificultades para el cumplimiento pleno de sus derechos, pero hay avances en varios ámbitos como procesos de consulta en Costa Rica y Nicaragua, programas educativos en Honduras y marcos jurídicos adecuados en Panamá.