El documento de 400 página elaborado por un grupo de expertos, señala que en el país petrolero se han llevado a cabo 131 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado o por los llamados "colectivos".
Washington. El informe de un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Américanos (OEA), Luis Almagro, concluyó este martes que el Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad, y por tanto, existe base legal para denunciarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En su informe, de 400 páginas y presentado este martes, el panel de expertos concluyó que existe "fundamento suficiente" para concluir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En una rueda de prensa en la sede de la OEA en Washington, Cantón aseguró que en Venezuela se han llevado a cabo 131 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado o por los llamados "colectivos", ciudadanos que supuestamente se coordinan con las autoridades para reprimir manifestaciones.
El experto aseguró que el informe recoge denuncias de 8.000 homicidios, 12.000 personas detenidas arbitrariamente en los últimos dos años, 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual contra hombres y mujeres, que llegaron a sufrir "descargas eléctricas en sus genitales".
"Plan sistemático" del Gobierno. Cantón denunció un "plan sistemático" del Gobierno de Nicolás Maduro para ejercer el "control social" y aseguró que el grupo de expertos ha detectado "una clara persecución política presente en todos los crímenes de lesa humanidad" que han sido recogidos en el informe.
La OEA como institución no tiene capacidad para enviar un caso a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, pero sí pueden hacerlo cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo panamericano que han suscrito el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.
Si ningún país diera ese paso, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría enviar a título personal la información a la Corte Penal Internacional, como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina, así como la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz.
La diferencia radica en que, si un Estado denuncia a los miembros del Gobierno de Venezuela ante la CPI, la Oficina del Fiscal debe abrir una investigación de manera automática; mientras que, si lo hace un individuo (en este caso Almagro), la Fiscalía debe recibir la autorización previa de un grupo de jueces.
La CPI tiene competencias para juzgar los crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos en Venezuela desde el 1 de julio de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma.
