El llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe final tras 14 meses dando asistencia técnica a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) debido a los problemas para resolver un caso que dejó en evidencia.
Ciudad de México. Expertos internacionales dijeron el domingo que no lograron establecer cuál fue el destino de 43 estudiantes desaparecidos y posiblemente masacrados en 2014 en México debido en gran medida a las fallas y demoras de la fiscalía que lleva el caso.
El llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe final tras 14 meses dando asistencia técnica a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) debido a los problemas para resolver un caso que dejó en evidencia las grietas del sistema de justicia y la crisis de derechos humanos que vive el país.
En el informe final de su investigación del caso, los expertos denunciaron obstáculos tales como que no pudieron volver a entrevistar a detenidos, obtener declaraciones de líderes políticos ni ex altos funcionarios o que la Procuraduría General de la República (fiscalía) ahondara en líneas de investigación propuestas.
"La investigación tuvo dificultades que no son imputadas de manera exclusiva a la simple complejidad de un caso de esta magnitud", dijo el grupo en su informe, quien a pesar de las demandas de los familiares no continuará en el caso porque el Gobierno mexicano dijo que su participación ya no es necesaria.
Esas dificultades "no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales", agregó el informe, sugiriendo que no hubo voluntad política del Gobierno de Enrique Peña Nieto para avanzar en las investigaciones.
Los expertos advirtieron que otros cuerpos policiales, como la Policía Federal y policías del estado de Guerrero pudieron tener participación en los ataques, que se desataron en distintos puntos de la ciudad de Iguala cuando los jóvenes llegaron a tomar autobuses para participar en una protesta.
Allí, la noche del 24 de septiembre del 2014 cerca de 100 estudiantes de la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa, en el empobrecido estado de Guerrero, fueron atacados por policías y supuestos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, en un caso que dejó patente la extendida complicidad entre autoridades y cárteles del narcotráfico.
En su primer informe de septiembre del año pasado el grupo, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puso en tela de juicio la investigación del ex fiscal Jesús Murillo Karam, hombre cercano a Peña Nieto quien había dicho que los estudiantes fueron masacrados y quemados en un basurero de Cocula, un pueblo cercano a Iguala.
Esta pesquisa señaló que los restos fueron tirados a un río cercano de donde se recuperaron partes trituradas en bolsas, de las cuales sólo fue identificado el estudiante Alexander Mora por un pequeño fragmento óseo.
En su informe, los expertos dijeron que no fue posible establecer que ese hueso haya sido sacado del río, lo cual abre más interrogantes en el caso.
Pese al malestar que le causó el primer informe de los expertos, el Gobierno accedió a extender su mandato y en noviembre del año pasado inició una nueva fase en la investigación que marchó bien durante los primeros dos meses.
Los expertos dijeron que a partir de enero de este año se frenaron un amplio número de diligencias solicitadas por el grupo, tales como ahondar en la posibilidad de que los ataques contra los estudiantes se hubieran desatado porque éstos tomaron un autobús que podría contener un cargamento de droga.
