Las líneas 1, 2, 3 y 5 del metro de la mayor urbe brasileña y de la ciudad en que se disputará el partido inaugural del Mundial, estarán paralizadas durante el tiempo que se alargue la huelga.

La medida de fuerza fue decidida tras una asamblea con 3.000 empleados que exigen que la gobernación de San Pablo les aumente el salario e instrumente cambios en las condiciones de trabajo. Afecta a unos 4 millones de usuarios.

El paro fue prácticamente total durante la madrugada pero algunas formaciones comenzaron a circular a partir de las 7 en cumplimiento de una resolución de la Justicia que obliga a garantizar un servicio mínimo, según las agencias Ansa y EFE.

Las líneas 1, 2, 3 y 5 del subte de la mayor urbe brasileña y de la ciudad en que se disputará el partido inaugural del Mundial, estarán paralizadas durante el tiempo que se alargue la huelga, lo que supone que un tercio del servicio de la red dejará de funcionar indefinidamente.

Una de las líneas del subte une el centro de la ciudad con el estadio Itaquerao donde se disputará el partido inaugural de la Copa luego de una ceremonia en la que concurrirán la presidenta Dilma Rousseff y el titular de la FIFA, Joseph Blatter.

Las autoridades del Metro de San Pablo hasta ahora no han manifestado su intención de presentar algún recurso legal para garantizar un porcentaje del servicio y disminuir los efectos de la paralización aprobada por los trabajadores en asamblea.

La huelga le sigue a otras dos de los choferes y cobradores de ómnibus realizadas el mes pasado, cuando causaron caos en San Pablo donde viven unos 18 millones de personas.

Hubo, además, huelgas similares en Rio de Janeiro, la ciudad donde se disputará la final de la Copa el 13 de julio, y en otras subsedes mundialistas como Salvador de Bahia y Recife, ambas en la región nordeste.

En esa línea, la organización Amnistía Internacional (AI) exhortó al gobierno de Rousseff a evitar que durante el Mundial se repitan actos de violencia de la policía para controlar la ola de protestas populares, tal como sucedió con las manifestaciones que sacudieron el país en la Copa Confederaciones de 2013.

La entidad elevó a Rousseff y al Congreso una petición con 87.000 firmas que expresa preocupación ante la ausencia de medidas para castigar a los agentes responsables de abusos.

Conjuntamente con la petición, la entidad divulgó un informe sobre los abusos practicados por la policía en la represión a las manifestaciones iniciadas hace un año.

Pese a haber asegurado que las manifestaciones populares son "absolutamente legítimas", la mandataria hizo hincapié en que no permitirá que las protestas perjudiquen la cita, que se jugará en 12 ciudades brasileñas del 12 de junio al 13 de julio próximos.