Unos US$80 millones se invertirán en diversos planes contra la delincuencia, con la participación de 5.000 policías retirados y 40.000 agentes de seguridad privada, con quienes se buscará generar una amplia red de prevención.

Buenos Aires. En medio del encendido debate en Argentina tras una serie de linchamientos a sospechosos de ladrones, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decretó este sábado "emergencia en materia de seguridad pública" por un año, con el fin de frenar el auge de delitos cada vez más violentos.

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, explicó que la declaración de excepcionalidad significará "destinar más personal policial para actividades de prevención, aumentar la inversión en equipamiento y la creación de fiscalías especializadas en narcotráfico".

Subrayó que la declaración de emergencia "servirá para aplicarles todo el peso de un Estado presente a los asesinos y a los delincuentes. Tenemos que ser dinámicos para perseguir, atrapar y encarcelar a los criminales", dijo Scioli.

El gobernador detalló que convocarán a personal policial retirado, unos 5.000, y que acompañarán el refuerzo con más de 40.000 agentes de seguridad privada, que se incorporarán a la red de prevención con la obligación de avisar a la Policía situaciones de riesgo.

Agregó que se invertirán unos US$80 millones en equipamiento para intensificar el patrullaje por las calles, en las que se advierten delitos de características "violentas sin precedentes", según las autoridades.

"Ayer se pudo apreciar la ferocidad de estos delincuentes", dijo el funcionario, en referencia a un robo a un banco en la localidad de Bernal, unos 20 kilómetros al sur de Buenos Aires, en el que uno de los ladrones murió durante el tiroteo que estos mantuvieron con la policía en su intento de huida.

El gobernador llamó a todas las fuerzas políticas y sociales a unirse a la lucha contra la inseguridad y pidió respaldo al proyecto de ley que enviarán a la Legislatura para crear diez fiscalías especializadas en narcotráfico.

Las medidas excepcionales se completan con la construcción de nuevas alcaidías (juzgados de instrucción) para alojar a otros mil detenidos a la espera de ser procesados.

El secretario de seguridad argentino, Sergio Berni, pidió también revisar el funcionamiento del Poder Judicial, criticando que "los argentinos están cansados de que los asaltantes y ladrones ni siquiera vayan a la cárcel cuando son apresados", dijo.

De todas formas, cerró filas con el gobierno en torno a condenar los casos de justicia propia y pidió a la población que ante la existencia de un delito recurra a las instituciones estatales.

Por su parte, y en nombre de la Iglesia argentina, el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Jorge Lozano, también rechazó los ataques vecinales a ladrones.

El obispo señaló que el aumento del consumo de estupefacientes en Argentina ha influido también en el aumento de la violencia, ya que las drogas "hacen que algunos delincuentes controlen menos sus impulsos".

El gobernador de la provincia central de Córdoba, el opositor José Manuel de la Sota, también opinó que los crímenes se han vuelto más sanguinarios en gran parte por el consumo de droga y acusó a la presidenta Cristina Fernández de agravar la inseguridad por "hacer caso omiso a su obligación de aplicar la ley".

Según una encuesta difundida el viernes, el 70 % de la población argentina muestra preocupación por los linchamientos, pero el 29 % cree que "es la única forma de hacer justicia".

El caso que encendió la alarma social fue la muerte de un joven de 18 años por la golpiza que le propinaron testigos del robo del bolso a una mujer en Rosario, unos 300 kilómetros al oeste de Buenos Aires.

Desde su muerte, hace dos semanas, se han registrado casi una veintena de linchamientos en Argentina, entre ellos en las ciudades de Santa Fe, Córdoba, La Rioja y Buenos Aires.