Se refirió que los detenidos y decomisos de droga hechos en el marco de esta norma tendrán que ser puestos a disposición del ministerio Público y la Policía Nacional, para las investigaciones correspondientes.

Lima. El congresista Carlos Tubino aclaró que el proyecto de ley que faculta a las Fuerzas Armadas a combatir al narcotráfico en el Vraem no es un "cheque en blanco", pues estará sujeto a controles constitucionales y medidas para evitar posibles actos de corrupción.

Como coautor del proyecto, aprobado este martes en el Parlamento, Tubino refirió que los detenidos y decomisos de droga hechos en el marco de esta norma tendrán que ser puestos a disposición del Ministerio Público y la Policía Nacional, para las investigaciones correspondientes.

Igualmente, refirió que los miembros de las Fuerzas Armadas que incurran en actos de corrupción, serán sancionados por el fuero privativo militar.

"Esta norma da potestad a las Fuerzas Armadas para poder actuar mediante interdicción terrestre, acuática y aérea contra el narcotráfico", afirmó a la Agencia Andina el legislador de Fuerza Popular, quien anotó que la medida solo se restringe a la zona del Vraem, pues el Alto Huallaga, la otra zona de emergencia, está a cargo de la Policía Nacional.

Además, explicó que la norma autoriza la participación de las Fuerzas Armadas solo en aquellas zonas declaradas en emergencia y en donde, además, estén encargadas del orden interno.

En el país existen solo dos zonas declaradas en emergencia: el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), y el Alto Huallaga.

No obstante, solo en el Vraem los militares tienen el control interno, porque en el Huallaga, esa función está a cargo de la Policía Nacional.

En opinión de Tubino, la ausencia del Ejército en esta lucha daba gran ventaja a los narcotraficantes, porque para intervenir debían contar necesariamente con la presencia de un policía y un fiscal, lo cual retardaba las operaciones.

"Riesgos siempre hay, pero lo concreto es que la presencia de los institutos castrenses van a contribuir sustancialmente en esta lucha", anotó.

Explicó además que las observaciones planteadas en su momento por el Poder Ejecutivo eran más temas de forma que de fondo y, al ser subsanadas, el Congreso queda autorizado para promulgarla de manera directa.

Anotó que el proyecto modifica la Ley del uso de la Fuerza y el Decreto Legislativo 824.