Los principales diarios de Argentina han puesto su foco sobre sospechas de que el ex ministro de Economía, Amado Boudou, ayudó a una imprenta que se especializa en billetes y documentos de identidad a salir de la bancarrota para beneficiar a supuestos socios comerciales.
Buenos Aires. La gran celebración tras las elecciones presidenciales debe parecer un lejano recuerdo para el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, bajo escrutinio de la opinión pública por una investigación sobre tráfico de influencias apenas cuatro meses después de asumir el cargo.
Los principales diarios de Argentina han puesto su foco sobre sospechas de que el ex ministro de Economía ayudó a una imprenta que se especializa en billetes y documentos de identidad a salir de la bancarrota para beneficiar a supuestos socios comerciales.
Boudou, un fanático de la guitarra eléctrica y de las motos de 48 años, ha negado cualquier irregularidad, y la evidencia que hasta ahora aparece en su contra luce débil.
Pero los titulares sobre corrupción son malas noticias para la presidenta Cristina Fernández, en momentos en que la desaceleración de la economía, la alta inflación y sus políticas económicas poco convencionales erosionan su popularidad.
La mandataria ha mantenido distancia del vicepresidente que eligió personalmente, algo que sugiere que ella teme pagar el precio político.
"Es casi un delito de menor importancia, lo que sí es, es un hecho políticamente complejo, muy complejo", dijo Alberto Fernández, un ex jefe de Gabinete que fue crítico de la decisión de la presidenta de elegir al relativamente inexperto Boudou como compañero de fórmula.
"La historia de a poco me está dando la razón", agregó.
Boudou dijo que su único interés en tratar de mantener a la empresa a flote era para mantener empleos, un pilar de la política económica del Gobierno. La compañía, que se llamaba Ciccone Calcográfica, ahora opera bajo el nombre Compañía de Valores Sudamericana (CVS).
"Quiero volver a decir que como ministro de Economía de la República Argentina no llevé adelante ninguna acción para favorecer a la empresa Ciccone", dijo Boudou durante un discurso el fin de semana y disparó una serie de acusaciones contra la "mafia mediática", contra el juez que investiga el caso y otras figuras públicas.
Boudou habló un día después de que el juez Daniel Rafecas ordenara un allanamiento en un departamento de lujo de Boudou, ubicado en Puerto Madero, uno de los barrios de mayor poder adquisitivo de Buenos Aires.
Políticos de la oposición, que han luchado por ganar tracción tras las fallidas elecciones de octubre, dijeron que la diatriba de Boudou es un signo de su desesperación.
"El vicepresidente mostró que se siente acorralado", dijo Manuel Garrido, un diputado del partido opositor radical. Otros dijeron que el problema de Boudou refleja divisiones y luchas de poder dentro de la administración de Fernández.
Boudou, quien solía ser un "DJ" en una discoteca en su ciudad natal de Mar del Plata, se ganó la confianza de la presidenta cuando ella nacionalizó las pensiones privadas en el 2008. Era el director de la agencia de pensiones estatal, la ANSES, en ese momento.
Como ministro de Economía, Boudou lideró el canje en el 2010 de unos 12.600 millones de dólares en bonos incumplidos, parte de los esfuerzos de Fernández por mejorar los lazos con los acreedores después del masivo cese de pago de deuda del país en el 2001/2002.
Al nombrarlo como su compañero de fórmula, la presidenta le restó importancia a su antigua adherencia a políticas de libre mercado y destacó su lealtad, una preocupación importante desde la dura pelea con su anterior vicepresidente, Julio Cobos, a principios del primer mandato.
Su decisión de elegir a Boudou por un motivo de lealtad significa que podría resultarle más difícil evadir las consecuencias si el caso de tráfico de influencias avanza.
"Justamente después de haber tenido el antecedente de Cobos (...) y de haber basado la elección en la lealtad (...) ahora que pasa esto, es un flanco muy débil", dijo Mariel Fornoni, directora en la consultora política Management & Fit.
Ni los ministros de Economía, ni los vicepresidentes han tenido mucho poder en años recientes, pero el cambio de Boudou hacia un rol más político fue percibido como un movimiento para posicionarlo como uno de los posibles sucesores de Fernández.
Activo toxico. Aún antes del allanamiento del departamento y de la controversial defensa de Boudou, la popularidad de Fernández estaba perdiendo terreno tras su reelección con el 54% de los votos. Su aprobación cayó 17 puntos a su mínimo de trece meses del 42% en la última encuesta mensual de Management & Fit.
Los escándalos de corrupción son comunes en la tercera economía de América latina, pero con estrictos controles sobre las compras de dólares y sobre las importaciones, que enojan a ahorristas y empresarios, estas alegaciones podrían empeorar el humor aún más.
"Cristina puede debilitarse mucho en un contexto económico de desaceleración, donde las cuestiones de corrupción suelen impactar en términos relativos mucho más", dijo Sergio Berensztein, analista político de la consultora Poliarquía, que ha caracterizado a Boudou como un "activo tóxico".
Por ahora, la estrategia de Fernández ha sido mantenerse alejada de Boudou y enviar ministros a defenderlo.
Cualquier señal de que la querella legal podría extenderse y amenazar sus posibilidades en las elecciones legislativas del año próximo podrían persuadirla a despedirlo una vez que la atención sobre el tema haya caído, dijo Berensztein.
"A los funcionarios acusados de corrupción, siempre a la corta o lo larga le han soltado la mano, lo han abandonado", dijo. "Cristina hace lo más razonable, que es proteger, pero luego se deshace de los activos tóxicos", concluyó.
