Preocupa al gobierno que las investigaciones afecten el trámite de importantes proyectos para la política económica en el Congreso, en especial la votación de la reforma de la seguridad social, considerada clave para el ajuste fiscal.
Brasilia. Las investigaciones autorizadas este martes por el relator del caso "Lava Jato" (Lavadero) en el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, juez Edson Fachin, alcanzan a los principales partidos políticos del país y debilitan al gobierno del presidente Michel Temer.
La lista deriva de los pedidos de investigación del procurador general de la República, Rodrigo Janot, a partir de testimonios en régimen de delación premiada de 78 ejecutivos de la constructora Odebrecht sobre los vínculos ilegales de la empresa con los partidos y la clase política.
Odebrecht mantuvo dentro de su organigrama un departamento oculto destinado únicamente al pago de sobornos y otras prácticas ilegales, con fondos obtenidos en gran parte por la sobrefacturación de contratos con la petrolera estatal Petrobras.
Ocho ministros serán investigados, además de los líderes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer, Romero Jucá, y del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), Aecio Neves, el aliado más importante de la coalición gubernamental, y los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Eunicio Oliveira.
En total, 71 legisladores (42 diputados y 29 senadores) están bajo investigación, con lo cual el efecto en el Congreso se hizo sentir de inmediato, cuando los plenarios de ambas cámaras quedaron vacíos en la tarde del martes, después de la divulgación de la lista de Fachin.
Preocupa al gobierno que las investigaciones afecten el trámite de importantes proyectos para la política económica en el Congreso, en especial la votación de la reforma de la seguridad social, considerada clave para el ajuste fiscal.
La mayor preocupación es que las acusaciones contra el ministro jefe de gabinete, Eliseu Padilha, coordinador del diálogo con el Congreso sobre la reforma previsional, y contra el relator del proyecto, Arthur Maia, puedan retrasar la votación y forzar al presidente a hacer nuevas concesiones para que la reforma sea aprobada.
Todos los partidos de la base aliada al gobierno tienen al menos un legislador investigado, al igual que el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), que encabezan la oposición.
Como la ley brasileña garantiza foro privilegiado a las autoridades con cargo electivo o en el alto nivel del gobierno, las investigaciones sólo pueden ocurrir bajo autorización directa de la Corte Suprema.
El impacto de las denuncias alcanza incluso a todos los ex presidentes de Brasil electos desde la redemocratización en 1985: José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
El presidente Temer, también citado en las delaciones premiadas, fue excluido de la lista porque no puede responder por actos practicados antes del mandato.
En el gobierno, el corazón del gabinete estará bajo investigación, incluido, además de Padilha, el secretario general de la Presidencia, Moreira Franco, el canciller Aloysio Nunes y otros cinco ministros.
Para el politólogo David Fleischer, de la Universidad de Brasilia (UnB), en gran medida el impacto real para el gobierno depende de las decisiones que tome el presidente en los próximos días.
"Temer tendrá que decidir si pretende mantener un gabinete con ministros implicados. Además, un tercio de los senadores y buena parte de los diputados también están investigados. La perspectiva para el gobierno depende de las decisiones del presidente", consideró.
Sumado a que el gobierno cuenta con apenas 10 por ciento de aprobación, la gobernabilidad puede verse afectada y atrasar la salida de la recesión económica que se prolonga desde hace más de dos años.
"Los inversores extranjeros pueden tomar distancia de Brasil. Los inversores ya estaban con un 'pie atrás', esperando la evolución de los acontecimientos, y ahora continuarán esperando esperando aún más. No va haber muchos nuevos inversores, sobre todo los internacionales, lo que va a impactar la generación de empleos", señaló.
Según Fleischer, en las últimas semanas se veían señales de una ligera recuperación económica, pero que con las investigaciones en el STF va a demorar más que lo previsto y será más lenta.
"En el Congreso, la lista va a atrasar y dificultar las reformas, como se vio este martes, que no pudieron votar la emergencia fiscal de los estados. No hubo quórum y los trabajos legislativos sólo serán retomados la próxima semana", apuntó.
El impacto será también en las próximas elecciones generales, cuando, de acuerdo al profesor de la UnB, puede haber una renovación de hasta 70 por ciento en la Cámara de Diputados, muy por encima de la media histórica.
Con relación a la reforma previsional, debe ser más escalonada, y será diluida dando concesiones a diversos sectores (policías, agricultores, mujeres) para poder aprobarla, y también aumentarán las partidas del gobierno para los diputados.
Las nuevas investigaciones autorizadas por el STF afectarán directamente la disputa por la sucesión presidencial en las elecciones de 2018, en especial al PSDB, cuyos tres principales presidenciables, Aécio Neves, Geraldo Alckmin y José Serra, deberán responder a procesos que no deben concluir antes de los comicios del año próximo.
También la candidatura del ex presidente Lula da Silva (PT), favorito en todas las encuestas de opinión, está comprometida, al responder a nuevas investigaciones judiciales, además de las cinco en las cuales ya estaba involucrado.
Entre los precandidatos más conocidos, sólo la ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, del partido Red Sustentabilidad, quedó fuera de las investigaciones.
Con la divulgación de nombres de altas figuras del "establishment" político, líderes de varios partidos temen aún algo más grave, en función de que, a partir de ahora, figuras implicadas en el escándalo pueden sentirse estimulados a delatar a sus pares ante la justicia.
