La Fiscalía del Perú indaga si el origen del patrimonio del expresidente Alan García desde 1990 es lícito o no. Así lo informó un diario local. García también es investigado por la vertiente peruana del “caso Odebrecht”.
Este domingo, el diario peruano "La República” informó que la Fiscalía del país andino mantiene abierta desde hace dos meses una investigación preliminar en torno al patrimonio del expresidente Alan García. Al político se le ha acusado de lavar activos desde 1990, cuando culminó su primer mandato presidencial. Las pesquisas, a cargo de los fiscales José Antonio Castañeda y Miguel Toyohama, giran también alrededor de otras treinta personas cercanas a García durante las últimas décadas, desde su exesposa, la argentina Pilar Nores, hasta los exministros Luis Nava, Aurelio Pastor, Hernán Garrido Lecca y José Antonio Chang.
Las indagaciones tienen como objetivo determinar si el aumento patrimonial que experimentaron García y otros ciudadanos durante los últimos 27 años se corresponden con los ingresos declarados en ese mismo lapso. En el caso concreto de García, los fiscales precisarán el origen de los fondos con los que compró junto a Nores veintiún propiedades inmobiliarias, entre otros activos y bienes de capital. Paralelamente, la Fiscalía investiga a García por los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a altos funcionarios de su Gobierno con miras a que se le adjudicaran contratos para la construcción de obras públicas como el tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.
García fue investigado por actos de corrupción y violaciones de derechos humanos cometidos durante su primer mandato (985-1990) y su segundo período presidencial (2006-2011). Por el primero fue acusado de enriquecimiento ilícito y se le responsabilizó de la denominada "matanza de los penales”, que dejó muertos durante un motín a más de cien reclusos sentenciados por terrorismo, pero García se exilió en Colombia y Francia hasta que la Corte Suprema declaró en 2001 que los delitos habían prescrito. Tras su segundo mandato, el Congreso investigó sus irregularidades en una "megacomisión” que descubrió distintos escándalos como los llamados "narcoindultos”.
Unos 3.000 condenados por narcotráfico recibieron el indulto presidencial, la mayoría a cambio de sobornos. Sin embargo, García no fue procesado por ninguno de los casos investigados por la comisión parlamentaria porque la Primera Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto las denuncias al considerar que el Congreso vulneró los derechos del expresidente, por citarlo sin informarle sobre lo que investigaba.
