Según la denuncia presentada por la fiscal para casos de lavado de activos, Toledo habría brindado apoyo político a la red criminal liderada por el abogado Rodolfo Orellana y su hermana Ludith Orellana.
Lima. El ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, prófugo de la justicia en Estados Unidos, es investigado por el Ministerio Público peruano por presuntamente proteger a una red criminal, señaló la fiscal Marita Barreto.
Según la denuncia presentada por la fiscal para casos de lavado de activos, Toledo habría brindado apoyo político a la red criminal liderada por el abogado Rodolfo Orellana y su hermana Ludith Orellana.
Los hermanos Orellana son acusados del delito de lavado de activos producto de apropiaciones ilícitas de propiedades, por las cuales habrían acumulado unos US$100 millones.
Barreto declaró a medios locales que el ex presidente, que gobernó Perú de 2001 a 2006, se encuentra en proceso de investigación por presunta "asociación ilícita por coadyuvar a los fines de la organización Orellana".
La nueva investigación contra Toledo se suma a la pesquisa que el ex mandatario afronta por el escándalo de corrupción del consorcio brasileño Odebrecht, donde se le acusa de recibir alrededor de US$20 millones a cambio de la concesión para construir la carretera interoceánica que une a Perú y Brasil.
Actualmente Toledo se encuentra en condición de fugitivo en Estados Unidos, ya que en Perú cuenta con una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva.
La cancillería de Perú lleva a cabo un proceso de extradición a petición de la justicia peruana, cumpliendo con los plazos y términos impuestos por las autoridades estadounidenses.
El 28 de mayo de 2018 el gobierno peruano presentó el cuadernillo de extradición a través del Departamento de Estado de Estados Unidos y, actualmente, se encuentra en evaluación.
Durante los últimos años, otros ex presidentes peruanos como Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), además de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, también han sido involucrados en investigaciones judiciales debido a presuntos sobornos recibidos de Odebrecht.
