Los ocho jueces escucharon más de una hora de argumentos de la apelación de Venezuela a un fallo de una corte menor favorable a la demanda que presentó Helmerich & Payne International Drilling Company contra Caracas.
Algunos jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos se mostraron el miércoles preocupados por las repercusiones de política exterior de permitir que gobiernos extranjeros sean juzgados en el país, durante el examen de una demanda de una empresa de plataformas petrolera que acusa a Venezuela de haberse apropiado ilegalmente de equipos hace seis años.
Los ocho jueces escucharon más de una hora de argumentos de la apelación de Venezuela a un fallo de una corte menor favorable a la demanda que presentó Helmerich & Payne International Drilling Company contra Caracas.
La empresa acusó a Venezuela y a petroleras estatales acudiendo a la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera, argumentando, entre otras cosas, que hubo una expropiación ilegal.
La ley permite que los gobiernos extranjeros sean demandados en cortes de Estados Unidos en algunas circunstancias, como el caso en que se expropia propiedad privada.
El juez Anthony Kennedy estuvo entre aquellos preocupados por las repercusiones en la política internacional e hizo notar "la sensibilidad extrema en lo que se refiere a demandar a extranjeros soberanos". Pero otros jueces, incluida Ruth Bader Ginsburg, fueron más empáticos con los argumentos de la empresa.
El asunto legal en disputa ante los jueces es si la demanda de la compañía cumplió con los mínimos legales que permitieran seguir con el caso. Venezuela, que cuenta con el apoyo del gobierno del presidente Barack Obama, sostiene que no.
El juez Stephen Breyer sugirió que los magistrados que actúan individualmente deberían decidir qué casos pueden ser atendidos en Estados Unidos, siempre que entiendan que "no queremos a países extranjeros en nuestras cortes a menos que haya un caso sólido en contra".
Helmerich proveyó de servicios de perforación por largo tiempo al Gobierno venezolano. La empresa desarmó sus plataformas en 2009, cuando Caracas no le pagó US$100 millones de cuentas pendientes. En respuesta, se expropiaron sus plataformas y el entonces presidente Hugo Chávez dijo que las podían usar empresas estatales.
Se espera un fallo a fines de junio.
