Garzón enfrenta tres casos ligados a sus investigaciones sobre abusos de los derechos humanos, corrupción y otros delitos.

Madrid. El juez español Baltasar Garzón, que se hizo famoso por su intento de extraditar al ex dictador chileno Augusto Pinochet en la década de 1990, fue a juicio en Madrid el martes, acusado de abusar de su poder.

Garzón enfrenta tres casos ligados a sus investigaciones sobre abusos de los derechos humanos, corrupción y otros delitos.

Sus seguidores acudieron a la Corte Suprema de España para saludarlo, con carteles denunciando lo que ven como una venganza política contra un juez que se ha ganado enemigos entre la clase dirigente española.

Entre sus defensores se encuentran las víctimas de la dictadura de derecha en España, que gobernó el país hasta finales de la década de 1970, y un representante de un grupo de derechos humanos argentino que lo considera como un héroe.

El primer caso contra el suspendido juez del tribunal superior involucra acusaciones de que autorizó ilegalmente a la policía a grabar las conversaciones de abogados con sus clientes en custodia.

"El violó los derechos que decía defender", dijo Ignacio Pelaez, uno de los abogados de la acusación, a Reuters afuera del tribunal.

"Pretendo que el Tribunal Supremo ponga unos límites y que diga que no vale todo en el ejercicio de la acusación", agregó el antiguo fiscal y ex compañero de Garzón.

Garzón, cuya función como "juez de instrucción" es investigar las demandas, usó su vestimenta oficial durante las audiencias de apertura.

El caso fue presentado por dos empresarios que están aguardando un juicio por el presunto pago de coimas a miembros del Partido Popular (PP) de derecha, que ganó abrumadoramente las elecciones de noviembre.

Los tres casos son demandas privadas presentadas por individuos y organizaciones, no por el Estado. Garzón ha rechazado las acusaciones y el fiscal público de España recomendó su absolución de todos los cargos.

¿Fin de su carrera judicial? Si Garzón, de 55 años, fuera condenado en alguno de los casos, quedaría imposibilitado de ejercer su profesión por hasta 20 años, lo que sería el fin de su carrera judicial.

El abogado cobró fama en España por dirigir una investigación sobre los escuadrones de la muerte conducidos por el gobierno socialista en la década de 1980 en su conflicto con los separatistas vascos, un proceso que aparentemente ayudó a la centroderecha a derrotar a la izquierda en las elecciones de 1996.

También se ha ganado detractores que lo han acusado de querer llamar la atención con casos internacionales de alto perfil que involucraron a presos de la cárcel en Guantánamo y a detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina.

Garzón además está acusado de violar una ley de amnistía al ordenar una investigación sobre el asesinato de decenas de miles de civiles durante la dictadura de cuatro décadas del general Francisco Franco, quien murió en 1975.

En el tercer caso, Garzón enfrenta acusaciones de que archivó una investigación sobre el presidente del mayor banco español, Santander, luego de recibir dinero por un curso auspiciado por la compañía en Nueva York.

Un grupo de abogados internacionales, organizaciones de derechos humanos y artistas de izquierda, como el director de cine español Pedro Almodóvar, han salido a apoyar a Garzón.

Entre los seguidores que fueron a saludarlo al tribunal se encontraba la celebrada actriz Pilar Bardem, madre de la estrella internacional de cine Javier.

"Resulta paradójico que Garzón esté siendo juzgado por intentar aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional", dijo Reed Brody, consejero jurídico y portavoz de la ONG Human Rights Watch.

"A menos que existan circunstancias claras y suficientemente convincentes, procesar a un juez por su actuación judicial atenta contra la independencia judicial", agregó.

Se prevé que Garzón dará evidencias en su defensa durante el primer día del juicio. Su abogado volverá a pedir que dos de los jueces que presiden el caso sean reemplazados ya que afirma que no son imparciales.

El intento de Garzón de extraditar a Pinochet de Gran Bretaña en 1998 para responder por las violaciones de los derechos humanos luego de su golpe de Estado en 1973 en Chile sentó un precedente para el principio de que los crímenes de lesa humanidad pueden ser investigados en cualquier parte del mundo.