"Uno lo hace para que se valide, pero luego si se valida o no, no lo sé", dijo el juez José Castro en un breve diálogo con los periodistas que lo esperaban en la entrada de su juzgado de instrucción en Palma de Mallorca.
El juez que imputó a la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, confió en que su decisión, que volvió a poner en jaque a la monarquía española, será avalada por el tribunal que debe resolver los recursos que se presenten contra la medida.
"Uno lo hace para que se valide, pero luego si se valida o no, no lo sé", dijo el juez José Castro en un breve diálogo con los periodistas que lo esperaban en la entrada de su juzgado de instrucción en Palma de Mallorca.
El magistrado imputó a la infanta Cristina delitos de blanqueo y fraude fiscal, penados con hasta 6 y 5 años de prisión respectivamente, por su condición de copropietaria de la sociedad Aizoon, a la que su esposo, el Duque de Palma Iñaki Urdangarín, habría desviado más de un millón de euros de fondos públicos.
Es la segunda vez en menos de un año que la hija menor del rey se enfrenta a la posibilidad de ser juzgada, un hecho inédito para un integrante de la familia real en la historia democrática de España.
El magistrado la citó para declarar en calidad de imputada el 8 de marzo.
Contra la imputación cabe un recurso de reforma ante el mismo tribunal o uno de apelación a la Audiencia provincial de Palma de Mallorca, instancia superior, en un plazo de cinco días.
Castro dijo que no sabe cuál es la "intención" de las partes y no quiso entrar a analizar qué pasará en los próximos días.
El juez imputó a la infanta contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que previsiblemente se opondrán a su decisión, como ocurrió en la primera ocasión a principios de año.
Por su parte, Miquel Roca, uno de los abogados de la infanta, reiteró hoy que está preparando un recurso de apelación ante la Audiencia provincial.
"La infanta quiere que se haga justicia", dijo el letrado, quien ayer por la tarde habló con la hija del rey, actualmente residente en Suiza por motivos laborales.
"No se trata de declarar o no, sino de si está imputada o no está imputada", insistió Roca en una breve declaración en la entrada de su despacho en Barcelona.
Por otro lado, el abogado, que se reunirá con su cliente en los próximos días, indicó que si bien no es el portavoz de la infanta, puede intuir que "muy contenta no estará" por la imputación.
"Esto no es un partido de fútbol, es una cosa seria en la que están en juego derechos, intereses y valoraciones", remarcó el letrado respecto a su discrepancia con el juez sobre la actual situación de imputada de la infanta Cristina.
Desde finales de 2011, la justicia española investiga a Urdangarín y su ex socio Diego Torres por el desvío de más de seis millones de euros en fondos públicos de los gobiernos balear y valenciano, en manos del PP.
Los fondos fueron adjudicados entre 2004 y 2007 al Instituto Nóos, entidad supuestamente sin fines de lucro, para la organización de cinco eventos, sin que mediara licitación alguna.
Parte del dinero fue a parar a las arcas de Aizoon, sociedad que Urdangarín comparte al 50% con su esposa, la infanta Cristina.
En abril de 2013 Castro encontró hasta 14 indicios de la presunta complicidad o colaboración necesaria de Cristina Federica de Borbón y Grecia con las actividades delictivas de su marido y la imputó.
En su escrito, el magistrado describió a Aizoon como sociedad instrumental creada para desviar el dinero apropiado ilícitamente por el Instituto Nóos.
Sin embargo, la fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado recurrieron la decisión y la audiencia provincial, instancia de apelación, levantó un mes después la imputación aunque dejó abierta la puerta a que sea investigada por fraude fiscal y
blanqueo.
Pero tras ocho meses de un rastreo minucioso de las cuentas, tarjetas, gastos, propiedades y declaraciones fiscales de la infanta, el juez Castro encontró nuevos indicios.
El magistrado asegura que la infanta y su marido cargaron a Aizoon gastos "estrictamente personales", como "viajes al extranjero, regalos, sesiones de liderazgo, rehabilitación, decoración y suministros de su vivienda, el Palacete de Pedralbes (en Barcelona), además de salarios de sus empleados de servicio doméstico" que fueron contratos directamente por la hija
del rey.
Según el magistrado está claro que estos gastos son "rentas procedentes del capital mobiliario" que no fueron declarados, lo que puede constituir delitos contra la Hacienda Pública.
También recuerda que la participación de la Infanta en Aizoon tenía como objetivo "tener un escudo frente a Hacienda", según declaró el notario que intervino en la constitución de la sociedad, Carlos Masiá Martí.
La nueva imputación de la infanta supone otro duro golpe a la monarquía española, institución que ya vio caer su apoyo desde que estalló el escándalo, en un momento en el que España aún no logra recuperarse de la crisis y sus dirigentes son cuestionados por las políticas antipopulares de ajuste y los casos de corrupción.
