El magistrado español señaló que en la nación sudamericana "falta coordinación y decisión jurídica y política para empezar ya los juicios" respecto a las víctimas del conflicto entre paramilitares y guerrilleros.

Bogotá. El juez español Baltasar Garzón consideró que si Colombia no demuestra capacidad para hacer justicia a las víctimas del conflicto entre paramilitares y guerrilleros, la Corte Penal Internacional (CPI) "obviamente intervendrá".

Garzón, que se encuentra suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional española y actualmente es asesor de la Fiscalía en la CPI, dijo que en Colombia "falta coordinación y decisión jurídica y política para empezar ya los juicios" y que las víctimas aguantan ya demasiado y no han sido restituidas.

"Colombia tiene una voluntad clara, pero no acaban de arrancar los juicios" señaló el juez durante uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial.

Garzón afirmó que son necesarias acciones más inmediatas, aunque sean parciales, y que es importante que las violaciones de derechos humanos se juzguen y que las condenas sean efectivas.

En este sentido, defendió que a través de imputaciones parciales se puede seleccionar a quien se debe enjuiciar, pero insistió en que sólo se puede hacer iniciando ya los juicios.

"Si no es así la Corte Penal Internacional tendrá que decir algo, habrá denuncias y tendrá que decir si la actitud de Colombia es suficiente", añadió.

El curso en el que el juez realizó estas declaraciones abordaba la situación provocada por la violencia en Colombia y el avance del proceso de desmovilización emprendido en ese país, tras la negociación del Gobierno con los escuadrones paramilitares (AUC) entre 2003 y 2006.

En los últimos cinco años un total de 281.661 personas se han registrado ante la Fiscalía como víctimas de la violencia en Colombia. Según los últimos datos de la oficina del Comisionado para la Paz, la Ley de Justicia y Paz de Colombia ha amparado la desmovilización de 53.037 combatientes paramilitares y guerrilleros entre 2002 y el pasado mes de abril.

Además, dicha ley ha permitido que cerca de 500 dirigentes políticos sean investigados por presuntos nexos con los paramilitares o con las guerrillas de las FARC y del ELN.