Magistrado propone que la Justicia española juzgue el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, ocurrido en 1976, en Chile, tras comprobar que en ese país no se ha investigado de manera "eficaz".

El magistrado José de la Mata, a petición del Tribunal Supremo, justificó los motivos por los que el caso de Carmelo Soria no estaría afectado por la reforma de la justicia universal en España, al tratarse de un delito de terrorismo.

Además, el magistrado considera que en Chile no ha existido "ni todavía existe una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido" hace 39 años, tiempo durante el cual la justicia chilena ha sobreseído la causa hasta en cuatro ocasiones.

Tras un nuevo archivo, un juez chileno ordenó hace dos años reabrir el caso por el asesinato de Soria, perpetrado el 14 de julio de 1976 por agentes de la policía secreta del dictador Augusto Pinochet, tras solicitar nuevas diligencias la familia de la víctima.

Investigación "paralizada". De la Mata considera que desde entonces la investigación ha estado prácticamente paralizada, ya que no se ha tomado declaración a implicados en el asesinato y se ha denegado la extradición de los presuntos responsables.

El juez hizo esta petición al Supremo en contra del criterio de la Fiscalía, que se opuso a que España investigue este caso argumentando que en Chile se sigue un proceso por el crimen y por ello el juez que debe investigarlo es el del "lugar en el que se cometieron los hechos". En cambio, De la Mata considera que este proceso se ha demorado injustificadamente y recuerda que durante 14 años la justicia chilena desconoció las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que el Estado chileno había violado, respecto de Carmelo Soria, el derecho a la libertad personal, a la vida y el derecho a la integridad personal.

Precedente. Para apoyar su petición, el magistrado se basa en la reciente decisión del Supremo, que reconoció la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar un caso parecido: el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas ocurridos en noviembre de 1989 en El Salvador.

La continuidad del caso dependerá en última instancia del alto tribunal español.