Remarcó que esa jurisprudencia puede ser utilizada por la defensa del Estado peruano en otros casos ventiladosactualmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El fallo de la Corte de San José sobre el caso Chavín de Huántar fortalece la defensa del Estado frente al terrorismo y genera jurisprudencia favorable al Perú, al no ordenar pagos de reparaciones a los subversivos o sus deudos, señaló el juez supremo César San Martín.

Remarcó que esa jurisprudencia puede ser utilizada por la defensa del Estado peruano en otros casos ventiladosactualmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Hay un giro en la jurisprudencia de la Corte cuando se trata de terroristas que han afectado al Estado. Cualquier posible exceso en una operación legítima contra estos individuos no puede implicar que se les pague a ellos una indemnización.Esa doctrina es lo más importante”, dijo en declaraciones a la Agencia Andina.

San Martín, actual presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, destacó que la Corte reconoció que el usode la fuerza por parte del Estado se produjo en el marco de una operación militar cuyo objetivo fue lograr la liberación de los rehenes del terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

“Fue un operativo legítimo, un uso de la fuerza proporcional y no hay una responsabilidad del Estado en este punto. Lo mejor es que no se ha pedido pagar reparaciones a los familiares de los terroristas. Si se realiza un análisis en conjunto, se puede decir que la Corte ha corregido una doctrina y asumido una posición más ponderable de la que se podía esperar”, anotó.

El juez supremo sostuvo que la sentencia del tribunal supranacional recoge las conclusiones de la Corte Suprema de Justicia delPerú, según la cual, Eduardo Cruz Sánchez, conocido como “Tito”, fue asesinado luego de su detención, en un hecho aislado el cual debe ser esclarecido.

Destacó, además, que la Corte IDH, desestimó la tesis de presuntas ejecuciones extrajudiciales de los otros dos terroristas Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza.

“Considero que Estado se defendió bien, porque varios argumentos de la parte demandante fueron desestimados (…)”, aseveró.