La acusación es ejercida por las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad, las que solicitan que Garzón sea inhabilitado por 20 años por un delito de prevaricato.

El juicio al juez español Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo entró este martes en la recta final tras concluir la prueba testimonial y documental, a la espera sólo de las conclusiones y el alegato final del magistrado, quien afronta un pedido de pena de 20 años de inhabilitación.

La defensa del juez renunció a algunos de los testigos citados inicialmente, por lo que el juicio oral que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo concluirá previsiblemente mañana y no el jueves.

En la sesión de este martes declararon los últimos tres testigos de la defensa, que además presentó jurisprudencia de otros magistrados que abrieron o apoyaron causas similares a la de los crímenes del franquismo en Chile, Perú y Argentina, entre otros.

También la defensa entregó sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como un escrito de la Fiscalía de 2008 y otro en el que figura el voto particular de los magistrados José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez, que apoyaban la causa abierta por Garzón por los crímenes del franquismo en la Audiencia Nacional.

En aquel documento, que fue leído ante el tribunal, los jueces de la audiencia, señalaban que "posiblemente estemos abordando los delitos más graves que se han presentado en la jurisdicción española".

"Son crímenes contra la humanidad", aseguraron los tres jueces.

La acusación es ejercida por las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad, las que solicitan que Garzón sea inhabilitado por 20 años por un delito de prevaricato, es decir dictar a sabiendas una resolución injusta, mientras que la Fiscalía no acusa y pide su absolución, al igual que la defensa.

Desde la semana pasada, familiares de las víctimas del franquismo y representantes de asociaciones de la memoria testificaron ante el Supremo que acudieron al juez Garzón en busca de "justicia" y "sin ánimo de venganza", porque durante la represión franquista se cometieron "crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles".

"Queremos que la justicia actúe como en cualquier crimen: cuando a alguien lo torturan, lo matan y lo abandonan en una cuneta con dos tiros en la cabeza", dijo hoy Emilio Silva, presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, con representación en toda España y pionera en exhumaciones de fosas comunes.

"Las exhumaciones son una parte del problema, de la que se tienen que responsabilizar el Estado", pero las víctimas también quieren "justicia", agregó Silva al declarar en calidad de testigo ante el Supremo.

Por eso, ante preguntas del fiscal, explicó que una vez que se frenó la investigación de Garzón su asociación acudió a la justicia argentina, donde "hay abierta una investigación por los crímenes ocurridos en España entre 1936 y 1977".

"Buscamos una puerta, a través del principio de justicia universal", remarcó Silva, al tiempo que contó que el proceso sigue abierto y que la jueza encargada del caso solicitó información a España y el gobierno español aún no respondió.