Los acusados por un total de 1.089 cargos que incluyen corrupción, lavado de dinero, malversación de fondos públicos, peculado y asociación ilícita, vienen declarando desde hace dos semanas.

Este jueves se termina la presentación de alegatos de los 38 acusados en el “juicio del siglo” brasileño, un proceso que investiga la compra de votos en el Partido de los Trabajadores (PT) cuando el presidente era Luis Inácio Lula da Silva.

Las acusaciones son hacia allegados a Lula por orquestar sobornos a legisladores de partidos aliados para asegurar sus votos después de que el PT llegó al poder en 2003. El caso es conocido como “mensalao”, o la gran mesada, por las sumas de hasta US$ 10.000 que supuestamente se entregaba a los políticos.

Los acusados por un total de 1.089 cargos que incluyen corrupción, lavado de dinero, malversación de fondos públicos, peculado y asociación ilícita vienen declarando desde hace dos semanas. El que está más expuesto es José Dirceu, el jefe de Gabinete de Lula y predecesor en el cargo de la actual presidenta, Dilma Rousseff.

La defensa de Dirceu desmintió por escrito las acusaciones e indicó que hubo una contabilidad fuera de los libros por la que ya se asumió la responsabilidad, al tiempo que aclaró que “el gobierno nunca intervino ni tuvo conocimiento de tales acuerdos financieros-electorales”.

Además, el abogado del ex jefe de gabinete –que renunció en 2005 a causa del escándalo– alegó que las acusaciones no tenían pruebas. “Un proceso judicial no tiene raza, no tiene color, no tiene partido político. Tiene o no tiene pruebas, y este no las tiene”, declaró José Luis de Oliveira ante los jueces.

Sabía de todo. Pero algunos de los otros citados a declarar sí asumieron irregularidades. Un caso es el del defensor del ex diputado Pedro Correa, que asumió sin ambages que “hubo sí transferencias de dinero” que no fueron declaradas a las autoridades fiscales y electorales, pero afirmó que “fueron producto de acuerdos políticos para campañas” y no de “una compra de apoyo”.

Algo similar dijeron otros diputados de partidos que se aliaron al PT como Valdemar Costa Neto, que también recibió dinero “no por ser diputado o porque sería diputado” sino como parte de la campaña del fallecido exvicepresidente José Alencar.

Pero hasta ahora el testimonio más notable a favor de la operación fue el que dio el defensor de Roberto Jefferson, el exdiputado que denunció la supuesta red de sobornos en el Congreso.

Su abogado comentó en la audiencia del lunes que Lula “sabía de todo el asunto”. “No se puede decir que el presidente era un tonto, un ignorante, que pasaba todo eso frente a sus propias barbas y que él no sabía de nada. No sólo sabía, sino que además ordenó desencadenar todo esto”, sostuvo.

De acuerdo con el testimonio, en 2005 Jefferson le contó de las maniobras a Lula, que se “sorprendió”, lloró y prometió investigar. Pero no hubo tal pesquisa, las irregularidades siguieron y el diputado decidió presentar una denuncia y ventilar el caso en la prensa.

Luego el abogado comentó que Jefferson “fue acusado por crímenes que no cometió”, y apuntó que “hay gente que sí los practicó y ni siquiera ha sido procesada”, en clara alusión al expresidente.

Pero es intocable. Efectivamente, Lula no es ninguno de los 38 acusados y cuando hace dos años Jefferson lo quiso implicar en la acción penal, la Procuraduría General rechazó el pedido.

Es por esto que el defensor del diputado pidió a la Corte que “adopte las medidas que caben contra el expresidente Lula, que no se portó como un tonto, pero sí como un omiso que traicionó la confianza del pueblo que lo eligió”.

De todas formas, la confianza o no del pueblo parece que no hace mella en un ex presidente que no solo fue reelecto después de que este caso estallara (asumió por segunda vez en 2008), sino que además se retiró con un 87% de popularidad: muchos todavía lo quieren por sus programas de reparto de riqueza que ayudaron a millones de brasileños a salir de la pobreza.

Y este juicio es, por otra parte, visto por algunos como una señal de buena salud política, en un país donde el servicio público ha estado marcado desde hace mucho tiempo por la corrupción y la impunidad.

En opinión de David Fleischer, politólogo de la Universidad de Brasilia, entrevistado por la AP, esta situación es “un parteaguas” porque “los brasileños van a ver a alguien acusado de corrupción que realmente enfrenta un juicio, tal vez una condena”, y se cuidarán de cometer más ilegalidades de aquí en adelante.

La investigación, por último, tampoco parece estar afectando a la gestión de Rousseff: ayer un sondeo reveló que el 62 % de los brasileños considera su gestión como “óptima o buena”, frente a un 30 % que la califica de “regular” y un 7 % que la rechaza.

Cuando este jueves se escuchen los últimos alegatos se terminará una etapa del juicio y mañana empieza la de deliberación sobre la responsabilidad de cada uno de los implicados.

Las sentencias serían dictadas a mediados de setiembre.