La investigación busca determinar si Fernández direccionó durante su gestión obras públicas por valor de 46.000 millones de pesos (cerca de US$1.000 millones) en favor de la firma de construcciones Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, detenido en 2016.
Buenos Aires. El juicio oral y público contra la ex presidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015), acusada de encabezar una asociación ilícita para cometer fraude en la concesión de obras públicas a empresarios presuntamente cercanos a su familia, comenzó este martes en los tribunales federales de Buenos Aires.
El juicio inició con la lectura por parte del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de las acusaciones en contra de Fernández, actual senadora nacional y precandidata a vicepresidenta de Argentina, y de otros 12 acusados, entre ellos ex funcionarios y empresarios.
La investigación busca determinar si Fernández direccionó durante su gestión obras públicas por valor de 46.000 millones de pesos (cerca de US$1.000 millones) en favor de la firma de construcciones Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, detenido en 2016.
Los fiscales que prepararon el caso en la etapa previa, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, afirman que los acusados se asociaron de manera ilegal para favorecer a Báez con la adjudicación de 52 obras públicas en la meridional provincia argentina de Santa Cruz entre 2004 y 2015.
Horas antes del inicio formal de la audiencia, la ex presidenta denunció que enfrenta una "persecución" en su contra en un año electoral en Argentina.
A través de su cuenta de Twitter, dijo que es "un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial".
"Claramente no se trata de hacer justicia. Sólo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas, cada vez con menos éxito, de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo", tuiteó la ex mandataria.
Los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, dispusieron durante la jornada la lectura de los pedidos de elevación a juicio de la causa realizados por los fiscales Pollicita y Mahiques, y de los dos organismos públicos querellantes: la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Luego de tres horas de audiencia, poco después de las 15:00 hora local, el tribunal dispuso un "cuarto intermedio" hasta el lunes próximo, cuando se retomará la lectura de las acusaciones.
La ex presidenta argentina ingresó al edificio ubicado en la avenida Comodoro Py 2002 por un acceso lateral.
Además, cuatro de los restantes 12 acusados llegaron desde cárceles en las que están presos.
Ellos son el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, el ex secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal José López, el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, y el empresario Lázaro Báez
"Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras", abundó Fernández en Twitter.
"Entre la presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen 12 instancias administrativas de carácter nacional y provincial", explicó.
Las audiencias se extenderán durante casi un año, según la estimación de expertos judiciales, en virtud de la voluminosa prueba aportada por acusación y defensa, y por el alto número de testigos citados a prestar declaración.
Está previsto el testimonio de unos 160 testigos, entre ellos el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien el fin de semana pasado fue anunciado como precandidato a presidente en una fórmula que compartirá con Cristina Fernández.
El edificio de los tribunales federales tuvo una amplia custodia, con la presencia de efectivos de la Prefectura Naval, de la Gendarmería Nacional y de la Policía Federal de Argentina.
