El vocero del comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Teovaldo Cardozo, aseguró que el arsenal de misiles estaba completo, por lo que negó que algún miembro de la institución castrense esté involucrado en el tráfico de misiles u otro armamento.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°3 de Buenos Aires investigó el 2004 un supuesto tráfico de tres misiles bolivianos aire-tierra HN-5 para ser empleados en el marco de un plan fundamentalista islámico. El ex ministro de Defensa boliviano, Gonzalo Arredondo, ordenó investigar, pero sin resultados.

El caso se hizo público luego de que el 26 de mayo del 2004 se difundiera en los medios argentinos las acciones del entonces juez Julio Speroni (hoy jubilado), quien inició una investigación sobre la entrada de tres misiles aire-tierra (HN-5) a Argentina, procedentes de Bolivia y que tenían como destino un grupo fundamentalista islámico que operaba en la Triple Frontera (Argentina, Brasil, Paraguay) y que había supuestamente recurrido a un militar boliviano para obtener el armamento.

Las investigaciones preliminares preveían que el grupo irregular pensaba disparar los misiles en la Argentina contra aviones comerciales norteamericanos.

Según notas de prensa, Speroni interrogó a cinco testigos, cuatro civiles y un integrante de una fuerza de seguridad, quienes aportaron diferentes datos, entre ellos que los misiles habrían llegado a la ciudad de Pocitos, en Salta, provenientes de Bolivia, previo paso por Ciudad del Este, Paraguay, ayudados, presuntamente, por un despachante de aduanas de este último país. 

Según los testigos, los proyectiles pasaron por el control aduanero en camiones, pero de los cinco misiles originales, sólo tres llegaron a destino porque “algunos vehículos fueron interceptados por un piquete de bolivianos”.

La Razón se comunicó con el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°3 para conocer el desenlace del caso. La respuesta del actual juez Rafael Caputo, a través de una nota oficial, fue que la “causa N°718/04” fue archivada el 7 de julio del 2005.
En la nota se informa que “se dispuso el archivo en los términos del artículo 195 párrafo segundo del CPPN (Código de Procedimiento Penal Nacional)”.

Dicho artículo señala que “El juez rechazará el requerimiento fiscal u ordenará el archivo de las actuaciones policiales, por auto, cuando el hecho imputado no constituya un delito que se pueda proceder. La resolución será apelable por el agente fiscal y la parte querellante”.

Bolivia. La respuesta en el país fue casi inmediata, un día después de la denuncia en Argentina, el vocero del comandante de las Fuerzas Armadas, Teovaldo Cardozo, aseguró que el arsenal de misiles estaba completo, por lo que negó que algún miembro de la institución castrense esté involucrado en el tráfico de misiles u otro armamento.

Al respecto, dos años más tarde, en enero del 2006, Marcelo Antezana, comandante del Ejército durante el gobierno de Rodríguez Veltzé, declaró a la red televisiva ATB, según reproduce el N° 331 del semanario Pulso: “Hace tres o cuatro años empezó una especie de presión de la Embajada de EEUU. Nos acusaban de que algún general estaba metido en contrabando de misiles por el norte argentino...” El propio ex presidente Carlos Mesa afirma en su libro Presidencia Sitiada que recibió la información de que para Washington era un riesgo la tenencia de los misiles, cuyo robo (del arsenal del Ejército) no se descartaba. 

Fue el ministro de Defensa de Mesa, Gonzalo Arredondo, quien anunció durante su gestión una investigación conjunta sobre la denuncia argentina de tráfico de misiles, sin embargo, los resultados de la misma no se conocen hasta hoy.

‘Se los desactivó en Bolivia’. Marcelo Antezana confirma que llevó adelante el Plan para demolición de armamento, incluidos los misiles, pero que no ordenó su salida fuera de Bolivia.