La Justicia decidió prorrogar la medida cautelar -una especie de amparo- solicitada por Clarín para que, antes de comenzar un eventual proceso de desinversión, la justicia resuelva si dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual son o no constitucionales.

Buenos Aires. Un tribunal argentino prorrogó este jueves la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín, principal conglomerado de medios del país, que impide la aplicación de una ley que entraba en vigor hoy viernes y que lo obliga a desprenderse de parte de sus activos.

La Cámara en lo Civil y Comercial Federal decidió prorrogar la medida cautelar (una especie de amparo) solicitada por Clarín para que, antes de comenzar un eventual proceso de desinversión, la justicia resuelva si dos artículos de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual son o no constitucionales.

Clarín es el principal afectado por esta norma, debido a que controla el 41 por ciento del mercado de radio, 38% de la TV abierta, 59% de la TV por cable, 25 licencias (radios AM y FM y de TV abierta), 237 de TV por cable (el máximo permitido es 24, una por ciudad) y nueve señales de televisión paga (se autoriza sólo 1).

El tribunal estableció que la medida cautelar, que, en los hechos, impide al gobierno de la presidenta argentina Cristina Fernández obligar a Clarín a deshacerse de activos, tendrá vigencia hasta "que haya sentencia definitiva", es decir, hasta que la justicia se pronuncie sobre la cuestión de fondo respecto de los artículos 45 y 161 de la norma legal.

El fallo deja ahora en manos del juez de primera instancia Horacio Alfonso la decisión de abordar la cuestión de fondo.

La norma fue sancionada en octubre de 2009, pero no entró en vigencia plenamente desde que Clarín, cuya facturación fue de US$2.000 millones en 2011, la objetó ante la justicia por considerar que viola el derecho de propiedad.

Para los oficialistas, la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual supone un punto de inflexión para "democratizar la palabra" y desconcentrar los "monopolios mediáticos", mientras que para la prensa independiente se trata de un "avasallamiento" para "domesticar" a los medios de comunicación críticos del gobierno.

La norma ha provocado que 20 grupos de medios audiovisuales readecuen sus activos, con el fin de cumplir con los requisitos, entre ellos, no superar el 35% de participación en el mercado de TV (cable y abierta) y de radios.

Otros requisitos de la ley es no contar con intereses en sectores de servicios públicos como energía o telefonía, ni sobrepasar el número de licencias permitidas para contar con licencias de TV (cable y abierta), radio y señales propias de televisión paga.