La Sala de Feria de la Cámara Nacional en lo Contencioso no admitió el recurso ya que "para el tribunal, el Ministerio Público Fiscal no logra demostrar en su apelación la existencia de gravamen irreparable", según informó el Centro de Informaciones Judiciales.
Buenos Aires. La Justicia argentina rechazó este viernes la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal para levantar la orden judicial que ha suspendido el nombramiento de 16 nuevos fiscales, dictada a raíz de una denuncia presentada por un legislador opositor, informaron fuentes judiciales.
La Sala de Feria de la Cámara Nacional en lo Contencioso no admitió el recurso ya que "para el tribunal, el Ministerio Público Fiscal no logra demostrar en su apelación la existencia de gravamen irreparable", según informó el Centro de Informaciones Judiciales (CIJ).
La Justicia rechazó así la apelación interpuesta este viernes por el Ministerio Público Fiscal contra la precautelar dictada el pasado 9 de enero por el juez Enrique Lavié Pico, que suspende el nombramiento de 16 nuevos fiscales.
Lavié Pico hizo lugar a una medida de amparo presentada por Mauricio D'Alessandro, diputado de la provincia de Buenos Aires e integrante del opositor Frente Renovador.
Los argumentos en contra se centran en que la procuradora general argentina (jefa de los fiscales), Alejandra Gils Carbó, realizó los nombramientos con base en el nuevo Código Procesal Penal, que se aprobó el pasado diciembre en el Parlamento pero aún no se encuentra en vigor.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal alega que la normativa "no supedita la creación de las nuevas fiscalías a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal" y que además "expresamente aclara que es necesario un fortalecimiento inmediato y básico de las fiscalías y defensorías", según el texto de la apelación.
Además de la acción presentada por D'Alessandro, se han presentado otros dos amparos, uno promovido por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (sindicato de los trabajadores del Poder Judicial) y otro impulsado por la Asociación de Magistrados de Argentina.
También diputados del bloque opositor Unión Pro presentaron una petición de inconstitucionalidad contra las designaciones ordenadas por Gils Carbó.