Los señalamientos apuntaban a que Fernández puso bienes, cuentas bancarias y acciones de sociedades en partes iguales a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, para evitar los posibles embargos derivados de las causas penales que la involucran.

El juez federal, Luis Rodríguez, sobreseyó a la exmandataria y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en una causa en la que había sido acusada por supuesta "insolvencia fraudulenta” para evitar embargos judiciales, según lo confirmó este jueves (19.12.2019) su abogado Gregorio Dalbón.

Los señalamientos apuntaban a que Fernández puso bienes, cuentas bancarias y acciones de sociedades en partes iguales a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, para evitar los posibles embargos derivados de las causas penales que la involucran, según denunció el abogado Santiago Dupuy De Lome.

El fiscal Carlos Stornelli había requerido la investigación para establecer si todo respondía a una "jugada financiera familiar" para desprenderse de su patrimonio e "insolventarse frente a las medidas cautelares en diversas causas”. Sin embargo, el juez sostuvo que la cesión que la exmandataria realizara en favor de sus hijos ocurrió antes de que fuera procesada y embargada.

Según consideró Rodríguez, la fecha en la que se realizó el traspaso de bienes, acciones y cuentas bancarias, "no solo no se encontraba procesada -ni se había decretado embargo alguno sobre sus bienes- sino que ni siquiera había prestado declaración indagatoria".

"Cabe recordar que el delito de insolvencia fraudulenta no se tiene como objeto para punir al insolvente, sino al deudor fraudulento que finge insolvencia o que realiza actos dispositivos de su patrimonio con el único propósito de eludir una obligación civil. Ello no ocurrió”, dijo el juez.

En esa línea, Rodríguez sostuvo que "no solo el patrimonio de Cristina Fernández, sino el de la sociedad conyugal toda se encuentra al alcance del Estado si es que con él se debe responder a cualquier tipo de obligación que un accionar ilícito (que de momento no ha sido comprobado) pudiera, en un futuro, llegar a ameritar”.

La vicepresidenta cuenta con embargos judiciales en tres causas diferentes. Además, tiene una inhibición general de bienes a su nombre y dos de sus empresas familiares se encuentran con interventores.