El juez Vallisney Souza, de la Justicia Federal del Distrito Federal, aceptó la denuncia del Ministerio Público presentada la semana pasada a raíz de las investigaciones de la llamada Operación Zelotes sobre la compra de cazas suecos por parte de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) y sobre la aprobación de una medida provisional que envolvió incentivos fiscales a montadoras de vehículos.
Río de Janeiro. La Justicia brasileña aceptó hoy una nueva denuncia de la Fiscalía contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), acusado de lavado de dinero, tráfico de influencias y organización criminal junto a su hijo Luiz Cláudio Lula da Silva y otros dos empresarios.
El juez Vallisney Souza, de la Justicia Federal del Distrito Federal, aceptó la denuncia del Ministerio Público presentada la semana pasada a raíz de las investigaciones de la llamada Operación Zelotes sobre la compra de cazas suecos por parte de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) y sobre la aprobación de una medida provisional que envolvió incentivos fiscales a montadoras de vehículos.
Con la decisión del juez, se trata de la cuarta vez que Lula pasa a ser reo. El expresidente ya tiene una denuncia por el caso Lava Jato, acerca de la trama de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, y otra por intentar perjudicar la delación premiada dentro del mismo caso y una tercera por tráfico de influencia envolviendo a la constructora Odebrecht.
Lula también tiene cuatro casos abiertos que se están tramitando en la Corte Suprema y en la justicia del estado de Paraná (sur del país).
En la nueva denuncia, la Fiscalía considera que los crímenes de los que acusa a Lula fueron cometidos entre 2013 y 2015 cuando el exmandatario participó en un esquema en el que prometió beneficiar a las compañías de los dos empresarios también denunciados hoy, a cambio de unos 2,5 millones de reales (unos 735.000 dólares al cambio de hoy).
La Policía Federal apuró que no hubo prestación de servicios y que el material producido por la empresa del hijo de Lula era copia de material disponible en internet.
La Operación Zelotes investiga desde 2015 supuestas irregularidades en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos.
