El fallo, que incluye a 106 militares y policías de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), es por el secuestro y muerte de 16 víctimas de la denominada "Operación Colombo", ocurrida en los primeros años del régimen militar que se inició en 1973.
Santiago. La justicia chilena condenó a más de un centenar de agentes que integraron la policía secreta del exdictador Augusto Pinochet por violaciones a los derechos humanos, en la sentencia más masiva que se conoce por este tipo de casos en el país, de acuerdo a un dictamen divulgado el viernes.
El fallo, que incluye a 106 militares y policías de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), es por el secuestro y muerte de 16 víctimas de la denominada "Operación Colombo", ocurrida en los primeros años del régimen militar que se inició en 1973.
Por este caso, el juez Hernán Crisosto condenó a César Manríquez, Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga y Miguel Krassnoff a penas de 20 años de presidio en calidad de autores de los secuestros, aunque ya cumplen condena por casos similares. Los otros agentes recibieron penas menores.
Durante la "Operación Colombo", 119 opositores a Pinochet fueron secuestrados y asesinados, aunque en la época se intentó informar que habían huido del país y que, posteriormente, habían fallecido en rencillas internas.
Para encubrir los asesinatos en este caso, la policía secreta de Pinochet contó con colaboración de militares de Argentina y Brasil en el marco de la "Operación Cóndor", una acción coordinada entre las dictaduras que en esa época gobernaban en distintos países de Sudamérica.
Junto con la condena, el juez ordenó al Fisco pagar una suma total de CH$5.065 millones de pesos (US$7,6 millones) a los familiares de las víctimas.
Bajo el régimen de Pinochet, unas 3.000 personas murieron o fueron desaparecidas, mientras que otras 28.000 sufrieron torturas, incluida la actual presidenta chilena, Michelle Bachelet.
Pinochet murió el 10 de diciembre del 2006, a los 91 años, por una falla cardíaca múltiple y sin haber sido enjuiciado por los abusos a los derechos humanos durante su dictadura ni por delitos económicos vinculados a cuentas secretas que manejo por unos US$27 millones.
