La Justicia colombiana negó este martes más de 300 tutelas (recursos de amparo) presentadas por ciudadanos contra la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ordenada por la Procuraduría el pasado diciembre.
Con una votación de 14 a favor y 11 en contra la Sala Plena del Consejo de Estado negó la acción de tutela radicada en contra de la decisión de la Procuraduría General de destiuir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego por las irregularidades que rodearon la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.
Después de más de 11 horas de discusión, el tribunal de lo contencioso administrativo derrotó la ponencia del magistrado Guillermo Vargas la cual favorecía los intereses del mandatario distrital al considerar que la Procuraduría General había incurrido en una falla en la valoración de los elementos materiales probatorios al considerar que habían vulnerado el derecho al debido proceso.
Sin embargo, la presidenta del Consejo de Estado reiteró que el alcalde de Bogotá no tiene que abandonar su cargo puesto que en estos momentos se adelanta un proceso en el Consejo Superior de la Judicatura frente a las acciones judiciales instauradas por la defensa del mandatario y un grupo de ciudadanos.
“(El alcalde Petro ) no se tiene que ir, hay que esperar la próxima ponencia, quien deberá recoger la posición mayoritaria. Puede acoger varios puntos en los que todos estábamos de acuerdo pero el punto de discrepancia tendrá que ser acogido en el nuevo proyecto”, explicó en rueda de prensa después de conocerse la decisión de fondo.
Además se estableció que el mandatario distrital tenía que haber utilizado otro medio de defensa existente. “Desde el momento en que quedó ejecutoriada la decisión de la Procuraduría General, tenía la facultad de interponer demanda ante lo contencioso administrativo”.
“El punto es la existencia de otro medio de defensa judicial que él debió utilizar, igualmente efectivo, teniendo en cuenta que existen unas medidas cautelares de urgencia que permiten tomar una medida de protección muy inmediata”, precisó la presidenta del tribunal de lo contencioso administrativo.
La magistrada indicó que la Sala Plena hizo un estudio de fondo en las cinco sesiones que se adelantaron desde el pasado lunes 17 de febrero. “El proyecto fue derrotado y hay que esperar la nueva ponencia que tendrá que ser presentada por el Consejo que le corresponda (…) Yo pensaría que el alcalde tendría que acudir a la justicia contenciosa administrativa a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”.
En estos momentos, Petro Urrego se encuentra cobijado por una decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente a otro proceso de tutela “por lo que tiene que esperar la ponencia y la nueva decisión del Consejo de Estado (…) Tenemos que darle la discrecionalidad al ponente para que la prepare como él considere y tenemos que esperar de nuevo”.
Ante esto, el magistrado Alfonso Vargas Rincón –expresidente del Consejo de Estado y quien se declaró impedido para participar en este debate- deberá redactar una nueva ponencia en la cual se consignaran los planeamientos presentados por la Sala en las extensas discusiones.
En este punto, deberá presentar sus argumentos dirigidos a confirmar la decisión emitida a mediados de enero por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la cual no se aceptaron los argumentos esgrimidos por el mandatario distrital frente a la sanción emitida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General.
Igualmente, sea la decisión que se tome en este caso podría pasar a revisión de la Corte Constitucional el cual, de ser aceptada la acción, tendría la última palabra sobre la continuidad de Petro Urrego en la Alcaldía de Bogotá. Este procedimiento en la Corporación podría durar cerca de tres meses.
El pasado 13 de enero la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General dejó en firme la decisión de destituir e inhabilitar por 15 años a Gustavo Petro al considerar que incurrió en tres faltas gravísimas en la implementación del programa Basuras Cero en diciembre de 2012.
Por estos hechos enfrenta además una investigación penal en la Fiscalía General. El pasado jueves 20 de febrero rindió su ampliación de interrogatorio y se espera que en las próximas se tomen decisiones de fondo en este caso, es decir si se le cita a audiencia de imputación de cargos o por si el contrario se le archiva el caso.
Las otras 20 tutelas
La presidenta del Consejo de Estado explicó que existen en la actualidad otras 20 tutelas por este mismo caso en el Consejo de Estado. Algunas de ellas hacen parte de las acciones instauradas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que fallaron a favor del burgomaestre suspendiendo provisionalmente los alcances del fallo de la Procuraduría General.
“La idea es que se acumulen y que sean decididas en un solo proyecto posteriormente. La Sala Plena consideró que los derechos del alcalde presuntamente vulnerados no eran los mismos derechos de las personas que interpusieron las otras tutelas”, explicó la magistrada ante las preguntas de los periodistas. en la rueda de prensa.
Sin embargo reiteró que el tribunal de lo contencioso administrativo marcará “una directriz” en las otras acciones judiciales instauradas en la denominada “tutelatón” convocada por seguidores del mandatario distrital en diciembre del año pasado cuando se conoció el primer fallo.
Igualmente cabe recordar que hace en el Consejo Superior de la Judicatura hace falta el trámite requerido para el estudio y unión de las mismas, lo cual tendrá que definirse en los próximos días por parte de la Seccional de Bogotá.
