La Justicia de Ecuador acordó solicitar a la Policía local y a Interpol la detención del ex presidente, acusado del delito de peculado durante su gobierno (1998-2000).

El ex presidente de la República, Jamil Mahuad, autoasilado en EE.UU., enfrenta un proceso penal por peculado, con orden de prisión preventiva, por la expedición de dos decretos que ordenaron el congelamiento y el feriado bancario en 1999.

La causa se reactivó luego de cinco años de que sus acusadores, el ex diputado socialista Víctor Granda y el ex vocal de la Comisión Anticorrupción Jorge Rodríguez, presentaron 14.000 hojas de nuevas pruebas, en las que –según ellos– se cometió el delito de malversación de fondos públicos, cuyo delito no prescribe.

Inicialmente, Mahuad fue juzgado por la firma de los decretos, figura legal que no estaba tipificada en el Código Penal, por lo que los exjueces de la Corte Suprema de Justicia Luis Muñoz y Oswaldo Castro, con el voto salvado de Luis Abarca, le sobreseyeron provisionalmente, por supuestamente no haberse comprobado la existencia del delito.

El resultado de esta decisión fue el sobreseimiento definitivo de Ana Lucía Armijos, exministra de Finanzas del régimen de Mahuad y el levantamiento de la orden de prisión preventiva para el exmandatario. Esta última decisión fue del presidente de la Segunda Sala Penal de la actual Corte Nacional, Luis Quiroz, en agosto del 2010.

Mahuad enfrenta un nuevo proceso, considerando que el juez de la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional, Enrique Pacheco, determinó la existencia de peculado y que en el expediente del proceso aparecen presunciones graves de responsabilidad de Mahuad.

Según el Código Penal de 1983, con el que se tramita esta causa, el delito de peculado está sancionado con reclusión de cuatro a ocho años.

Además, el juez Pacheco ordenó la evaluación psiquiátrica de la personalidad de Mahuad, con los peritos médicos de la Policía Judicial, que deben presentar su informe en un plazo de 15 días; también ordenó el embargo de los bienes de Mahuad, así como su captura, a través de Interpol Internacional.

En su providencia, Pacheco recoge los argumentos de la Fiscalía, que afirma que “el feriado bancario y el congelamiento de los depósitos ordenados por Mahuad fueron asumidos más que para evitar la quiebra de varias instituciones financieras, para proteger y encubrir a los responsables de dichas quiebras”.