El ex mandatario de facto, de 86 años, es acusado como autor intelectual de 1.771 asesinatos de ixiles entre 1982-1983, además de varios casos de torturas, violaciones sexuales, saqueos y quema de viviendas en el denominado Triángulo Ixil en Quiché.

Guatemala, EFE. Un juez guatemalteco decidirá el próximo 28 de enero si los ex generales José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez van a juicio por el genocidio de indígenas ixiles entre 1982-1983, del que los acusa la Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala, informó este jueves una fuente judicial.

El juez del Juzgado B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, anunció que la resolución sobre el futuro de los dos ex militares que tienen abierto proceso por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, la dará a conocer el próximo 28 de enero.

En el marco de la audiencia preliminar al juicio que se inició el pasado martes y concluyó este jueves, Gálvez escuchó los argumentos de César Calderón, abogado de Rodríguez, quien pidió el sobreseimiento del proceso contra su cliente por falta de pruebas.

El miércoles, la defensa de Ríos Montt pidió la clausura provisional del proceso por considerar "deficiente" la acusación de la Fiscalía, hecha un día antes, y porque no existen pruebas que acrediten la participación del anciano militar en los hechos.

Calderón explicó que Rodríguez "está preso por una firma que aparece de él en el plan Victoria 82", que, según el fiscal Orlando López, fue diseñado para "aniquilar" a la etnia ixil en el departamento noroccidental de Quiché.

El jurista desvaneció la postura del fiscal al asegurar que en ningún momento, en el plan se ordena "masacrar" a la población y calificó de "falso" que su defendido haya forzado a soldados a perpetrar violaciones sexuales ni torturar a la población.

Según Calderón, como jefe de Inteligencia Militar Rodríguez "no tuvo cadena de mando" y por lo tanto "no puede aceptarse la acusación porque no se puede probar la imputación ni de genocidio ni deberes contra la humanidad".

"Dónde están las órdenes para cometer genocidio, dónde están los informes", se preguntó el jurista, y enseguida afirmó que el Ministerio Público "pide esto (el juicio) con algo que no puede probar".

En opinión de Calderón, la acusación del fiscal no es contra su cliente ni contra Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982-1983, sino contra el ejército como institución.

Afirmó que Rodríguez "nunca fue un personal operativo ni logístico del ejército sino administrativo, y nunca expidió una orden para matar".

Calderón enfatizó que el plan Victoria 82 "no tenía dedicatoria para los ixiles" como lo asegura la Fiscalía, y sostuvo que en Guatemala "no hubo genocidio" sino una "guerra irregular, una guerra sucia que nadie la declaró".

En las 84 declaraciones de testigos presentados por López, tampoco se menciona a Rodríguez como responsable de las matanzas, añadió.

Calderón calificó la investigación del fiscal de "inútil" y dijo que López "quiere asustar con el petate del muerto".

Pese a que el juez dio a Ríos Montt y Rodríguez la oportunidad de pronunciarse sobre la acusación de la Fiscalía, ambos se abstuvieron.

Gálvez dijo que desde hoy comenzará a analizar la acusación del fiscal y las argumentaciones de los abogados de los exmilitares para establecer si existen suficientes evidencias para un eventual juicio.

Ríos Montt, de 86 años, y Rodríguez, de 67, son acusados como autores intelectuales de 1.771 asesinatos de ixiles entre 1982-1983, además de varios casos de torturas, violaciones sexuales, saqueos y quema de viviendas en el denominado Triángulo Ixil en Quiché.

El abogado de Ríos Montt, Danilo Rodríguez, dijo este jueves a Efe que confía en que el juez clausure el proceso contra su cliente porque no existen pruebas que demuestren su participación en actos de genocidio.

Por contra, el fiscal López aseguró a Efe que sí cuenta con evidencias que prueban la probabilidad de que los dos exgenerales diseñaron los planes militares en los que se consideró como "enemigos internos" no solo a los ixiles, sino a toda la población maya.

El enfrentamiento armado interno, que dejó unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla.