El fiscal denuncia presiones a dos implicados encarcelados para que cambien su declaración. Desde Bruselas, el expresidente de Ecuador tilda de "farsa" y de "chantaje" unas acusaciones basadas en "pruebas forjadas".
Un juzgado de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador declaró el martes (25.09.2018) válido el proceso judicial en contra del expresidente Rafael Correa y otros tres implicados por los delitos de asociación ilícita y secuestro del exlegislador ecuatoriano Fernando Balda. Horas después, la juez Daniela Camacho suspendió la audiencia preparatoria del juicio, que se reanudará el próximo jueves a las 10.00 hora local (15.00 GMT).
La juez Camacho desechó así la nulidad del juicio planteada por los abogados defensores del ex gobernante ecuatoriano. Tras la decisión, el fiscal general de Ecuador, Paúl Pérez, inició la exposición de los elementos de prueba recogidos en contra de los procesados.
En su alegato, el fiscal pidió que se llame a juicio al expresidente Correa y a otros tres involucrados sobre quienes solicitó se mantengan las medidas cautelares. Correa tiene orden de prisión preventiva y solicitud de extradición a la Interpol, debido a que reside en Bélgica. El fiscal también solicitó que se prohíba la venta de sus bienes y que se inmovilicen las cuentas bancarias de los procesados.
Los acusados por el secuestro de Balda son Correa, el exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Pablo Romero, y los agentes Raúl Chicaiza y Jessica Falcón, estos últimos acogidos a la figura de procedimiento abreviado por la que a cambio de declarar su culpabilidad reciben una rebaja de penas.
Previamente a la decisión de la Corte, Balda denunció que la agente Falcón, que se encuentra detenida, recibió la visita de las dirigentes "correístas" Sofía Espín y Yadira Cadena, quienes le habrían ofrecido protección en el extranjero si cambiaba su versión, que compromete a Correa.
Espín confirmó que visitó a la procesada en la cárcel pero dijo que lo hizo como "una ciudadana interesada en el caso". Balda pidió a la Fiscalía que abra una investigación sobre esta denuncia. Ya en la noche, tras la suspensión de la audiencia, Pérez manifestó que se abrirá una investigación de encontrarse delitos relacionados a las presuntas visitas de personas ajenas al proceso a Chicaiza y Falcón.
Desde Bruselas, donde reside desde que dejo el cargo, el expresidente ecuatoriano aseguró que "no tienen nada" en su contra e ironizó en su cuenta de Twitter al señalar que una de las "evidencias" de la Fiscalía es el nombramiento suyo como jefe del Estado, en 2007. Para el exmandatario, "todo esto irá al basurero de la historia".