Organismos humanitarios locales e internacionales advirtieron que la decisión del juez permite que queden impunes los empresarios que impulsaban la construcción, a quienes señalan como los autores intelectuales del crimen.
Tegucigalpa.- Un tribunal de Honduras declaró culpables el jueves a siete personas por el asesinato en 2016 de la líder indígena Berta Cáceres, quien lideraba la oposición contra la construcción de una hidroeléctrica en tierras ancestrales de su etnia.
Organismos humanitarios locales e internacionales advirtieron que la decisión del juez permite que queden impunes los empresarios que impulsaban la construcción, a quienes señalan como los autores intelectuales del crimen.
Los siete acusados arriesgan una pena de hasta 30 años por el ataque contra la ambientalista. Cuatro de ellos podrían recibir una pena adicional de hasta 20 años, tras ser hallados culpables también del intento de homicidio del activista Gustavo Castro quien resultó herido durante la agresión.
Otro de los implicados fue absuelto de todo cargo, dijo a Reuters el portavoz de la Corte Suprema de justicia, Melvin Duarte.
Cáceres, una maestra de 43 años ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, fue asesinada a tiros en su residencia la noche del 2 de marzo de 2016 en un crimen en el que participaron empleados de la empresa, sicarios y miembros del ejército, según las autoridades.
El tribunal fijó la vista de la sentencia para el 10 de enero de 2019.
La dirigente de la etnia Lenca libraba una fuerte oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por considerarla destructiva para el medioambiente y que acarrearía el desplazamiento de la comunidad indígena de la zona.
Entre los condenados por el crimen de Cáceres se encuentra un ejecutivo la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, además de un oficial activo del ejército y otro retirado, que fue empleado de la compañía.
Honduras es escenario de habituales confrontaciones entre poblaciones indígenas y campesinas con emprendimientos mineros o hidroeléctricos, sectores donde el gobierno del conservador Juan Orlando Hernández alienta la inversión.
"La justicia no es total pues los empresarios dueños de DESA no han sido investigados y menos encausados, aunque ellos son los responsables intelectuales del crimen de mi madre. Ellos quedan impunes", dijo a Reuters Olivia Zúñiga, una de las hijas de Berta Cáceres.
La empresa ha rechazado las acusaciones de responsabilidad en el crimen de la ambientalista, al igual que contra el ejecutivo de la compañía enjuiciado.
Roberto David Castillo, otro ejecutivo de DESA que se desempeñaba como presidente ejecutivo y quien ha sido señalado por el Ministerio Público como autor intelectual del crimen, está siendo juzgado separadamente.
