Se tomó esta decisión a pedido del fiscal José Domingo Pérez, quien considera solicitar un plazo mayor para poder culminar con pericias técnicas y financieras que forman parte de la investigación, las 14 asistencias judiciales pendientes y los informes de levantamiento del secreto bancario.
Lima. El juez peruano Richard Concepción Carhuancho amplió por tres meses el plazo de investigación preparatoria contra el ex presidente Alejandro Toledo y otros, por el presunto pago de sobornos en la licitación de la carretera Interoceánica entregada a la empresa Odebrecht.
Se tomó esta decisión a pedido del fiscal José Domingo Pérez, quien considera solicitar un plazo mayor para poder culminar con pericias técnicas y financieras que forman parte de la investigación, las 14 asistencias judiciales pendientes y los informes de levantamiento del secreto bancario.
Durante ese tiempo, además, se tomarán las declaraciones de investigados como Avraham Dan On, exjefe de seguridad del expresidente, y de testigos como Horacio Cánepa, Luis Nava, Gerardo Sepúlveda, entre otros.
Carhuancho sostuvo que se declara fundado el pedido del fiscal Domigo Pérez, porque cumple con los requerimientos formales como solicitarlo antes del vencimiento del plazo.
"Se han presentado nuevas circunstancias que justificarían la prórroga de la investigación preparatoria en función de la naturaleza y complejidad de los hechos materia de investigación", apuntó.
Los tres meses de ampliación de la investigación preparatoria se computarán desde el 5 de marzo hasta el 4 de junio del 2020.
Víctor Valverde Martínez, abogado de Toledo Manrique, se mostró de acuerdo con la ampliación del plazo, lo mismo que la procuraduría del caso Lava Jato y los abogados de los otros investigados.
El abogado dijo incluso que el plazo podría ampliarse por ocho meses, para que se puedan actuar las diligencias e informes solicitados por la defensa; aunque reconoció que como titular de la investigación corresponde a la fiscalía determinar el plazo.
Toledo es investigado por el presunto delito de colusión y lavado de activos al haber favorecido a la empresa Odebrecht en la licitación de la carretera Interoceánica a cambio del pago de un soborno de US$31 millones.
Por este caso, la justicia peruana ha solicitado a Estados Unidos la extradición del expresidente Alejandro Toledo.