La denuncia presentada por la congresista Yeni Vilcatoma contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por presunta omisión de funciones en el caso Lava Jato, será evaluada por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Lima. El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila, anunció que en enero el pleno de este organismo definirá si la denuncia presentada por la congresista Yeni Vilcatoma contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, amerita abrir una investigación o no.

Manifestó que en la actualidad este proceso se encuentra en el periodo de “admisibilidad”, es decir, de recepción y análisis de pruebas.

El fiscal Sánchez Velarde es acusado por la bancada legislativa de Fuerza Popular de infringir la Constitución por presunta omisión de funciones en el caso Lava Jato.

“Tratándose de la más alta autoridad de la representación legal en el Estado, de un tema de megacorrupción y de una situación tan convulsionada como esta, tratamos de hacer las cosas con todo el cuidado posible. Pero, sin lugar a dudas en el mes de enero tiene que haber el informe y la definición si es que se inicia o no una investigación”, declaró a la Agencia Andina.

Comentó que la congresista Vilcatoma amplió la denuncia contra el fiscal de la Nación presentando un total de 18 nuevos documentos, los cuales serán adjuntados a su solicitud.

“Los hemos acumulado a la denuncia original, porque no podemos crear una nueva etapa, entonces está en pleno estudio y el caso sigue su marcha y se sigue trabajando en eso”, refirió.

Sostuvo que, tras el análisis de los documentos, se procederá a elaborar un informe a cargo de un ponente y será presentado al pleno del CNM, para que finalmente tome una decisión sobre si se inicia un proceso o no.

“Si se abre un proceso de investigación puede tener dos finales, el primero que se rechace y no pasa nada; y el segundo que se determine algún tipo de responsabilidad y la sanción puede ir desde una amonestación hasta la destitución”, añadió.

Los argumento para la denuncia, se basan en que Sánchez habría permitido las empresas consorciadas con Odebrecht en el Perú no sean incluidas en las investigaciones que realiza el Ministerio Público por presuntos pagos de sobornos en megaproyectos.