La Justicia peruana ha accedido a la petición del fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial sobre el caso Lava Jato, y ha dictado medidas cautelares contra el ex mandatario, acusado de estar detrás de un entramado de sobornos.

Lima. El Poder Judicial de Perú ha prohibido este viernes al ahora ex presidente de Perú, Martín Vizcarra abandonar el país durante los próximos 18 meses tras la moción de censura en su contra y mientras se investigan las causas de corrupción abiertas en su contra.

En un comunicado, la Justicia peruana ha accedido a la petición del fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial sobre el caso Lava Jato, y ha dictado medidas cautelares contra el ex mandatario, acusado de estar detrás de un entramado de sobornos relacionado con proyectos de construcción en Moquegua cuando era gobernador de dicha región.

Dicha medida se aplicará hasta el 12 de mayo de 2022, según informaciones del diario 'El Comercio'. La jueza María de los Ángeles Álvarez ha afirmado que, a nivel de diligencias preliminares, están "suficientemente sustentados" los elementos de convicción para solicitar que se prohíba su salida del país.

Así, se ha apoyado en la existencia de peligro de fuga y en el hecho de que Vizcarra cuenta con ingresos suficientes para abandonar el país.

Vizcarra hizo frente con éxito a una primera moción de censura el pasado mes de septiembre tras ser acusado de un supuesto delito de tráfico de influencias dentro del conocido como caso 'Richard Swing', pero en esta ocasión no ha obtenido el respaldo del Congreso.

La propuesta de moción de censura, que en un principio no parecía que fuera a salir adelante, se produjo después de que tres aspirantes a colaborador del equipo especial Lava Jato, entre ellos un antiguo alto cargo de Obrainsa --vinculada con la brasileña Odebrecht--, afirmaran que Vizcarra habría recibido por parte de esta empresa unos 550.000 euros en sobornos a cambio de un proyecto de irrigación en 2013, y de una serie de contratos públicos para la construcción de un hospital.

Estos señalamientos se encuadran dentro de la investigación del llamado caso 'Club de la Construcción', un consorcio de empresas que desde 2001 habrían estado sobornando a funcionarios públicos para lograr contratos por todo el país.