Según explicó el órgano judicial, el demandante pretendía que se restablezca su derecho constitucional a participar en la vida política del país, en su condición de congresista, para completar el periodo legislativo 2016-2021.

Lima. El Poder Judicial de Perú declaró este lunes improcedente la demanda del proceso de amparo interpuesta por Salvador Heresi contra la disolución del Congreso, anunciada el pasado 30 de septiembre por el presidente del país, Martín Vizcarra.

El rechazo del documento introducido por Heresi, integrante de la Comisión Permanente legislativa que funciona tras el cierre del Parlamento, fue declarado por el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Según explicó el órgano judicial, el demandante pretendía así que se restablezca su derecho constitucional a participar en la vida política del país, en su condición de congresista, para completar el periodo legislativo 2016-2021.

El pasado 30 de septiembre, Vizcarra anunció la disolución del Congreso tras considerar que éste, que era dominado por la oposición fujimorista, le denegó una cuestión de confianza para modificar las normas de elección de magistrados al Tribunal Constitucional.

Posteriormente, el 22 de octubre, fue ingresada la demanda que se presentó contra el mandatario Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, en vista de que ellos firmaron el cierre constitucional del Parlamento.

Asimismo, rubricaron la resolución con que convocó la elección de un nuevo Congreso para el 26 de enero del 2020, con el fin de completar el periodo legislativo 2016-2021.

Ante el pedido de Heresi, el juzgado explicó que de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución del país, "queda claro que es prerrogativa del presidente de la República la disolución del Congreso, si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros".

El pasado 25 de octubre, el Primer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte de Lima declaró improcedente la acción de amparo interpuesta por la excongresista Marisol Espinoza para declarar inaplicable el decreto supremo que disolvió el legislativo.