Julio César Espinoza, abogado del ex mandatario peruano dijo que la medida fue en respuesta a un escrito de aclaración presentado en la víspera, solicitando que se tomen en cuenta los derechos tutelares de los hijos de la familia.

Lima. El Poder Judicial suspendió por 30 días la medida de incautación de la vivienda del expresidente de la República, Ollanta Humala, en el distrito de Surco.

El auto de suspensión fue firmado por el juez Richard Concepción Carhuancho, confirmó el abogado de Humala, Julio César Espinoza.

La resolución, que tiene fecha del 7 de mayo, “declara fundado el pedido de suspensión de ejecución de desposesión del bien inmueble incautado en la calle Fernando Castrat 177”.

Espinoza dijo que la medida fue en respuesta a un escrito de aclaración presentado en la víspera solicitando que se tomen en cuenta los derechos tutelares de los hijos de la familia.

Según advirtió, en su resolución de incautación, Concepción Carhuancho no había explicado una sola línea respecto a la necesidad de proteger el interés superior de los niños, que la Ley de Protección al Menor obliga a tomar en cuenta a todo funcionario en sus decisiones.

Al declararse fundado el escrito, indicó el abogado, la familia del exmandatario puede retornar a la vivienda de Surco. 

Espinoza remarcó que esto ha sido respuesta a “consideraciones legales”, y se espera que no sea una medida calmante ante una situación crítica sino algo más definitivo, pues de lo contrario implicaría seguir cayendo en la arbitrariedad.

La suspensión de la incautación no comprende a otros inmuebles.

Para el abogado, hay más de un elemento para argumentar que Concepción Carhuancho tuvo una “decisión prevaricadora” con la incautación dispuesta en la víspera.

Ante ello, adelantó que iniciarán acciones disciplinarias, a fin de que el juez asuma su responsabilidad; una de ellas será presentada ante el Ministerio Público.

Este lunes, la Fiscalía de Lavado de Activos confiscó la vivienda del ex presidente Ollanta Humala en el distrito de Surco, así como otras casas vinculadas al ex mandatario; a su suegra, Antonia Alarcón, y a Rocío Calderón.

Esta acción se ejecutaba en el marco de las investigaciones por los presuntos aportes que habría recibió el Partido Nacionalista para su campaña presidencial por parte de la constructora Odebrecht.