El ex dirigente de la organización que rige el fútbol mundial, que fue extraditado por Suiza luego de estar detenido en Zúrich desde mayo, arribó a su país natal donde mantenía abierta desde 2013 una demanda por parte del sindicato de futbolistas local, que denunció perjuicios económicos.

Montevideo. La Justicia de Uruguay procesó por estafa y lavado de activos al ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Eugenio Figueredo, implicado en el caso de corrupción de la FIFA, dijo el jueves el portavoz de la Suprema Corte de Justicia.

El ex dirigente de la organización que rige el fútbol mundial, que fue extraditado por Suiza luego de estar detenido en Zúrich desde mayo, arribó a su país natal donde mantenía abierta desde 2013 una demanda por parte del sindicato de futbolistas local, que denunció perjuicios económicos.

"La jueza (...) dispuso el procesamiento de Figueredo imputándole un delito continuado de estafa en reiteración real con un delito continuado de lavado de activos", dijo el portavoz de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, a periodistas en las afueras de la sede judicial.

Figueredo, siendo presidente de la Conmebol, habría otorgado derechos de televisación de torneos sudamericanos a un prestador que realizó una oferta económica inferior a otra que estaba en competencia.

"Felizmente culmina la jornada con éxito para el sistema judicial uruguayo”, dijo el fiscal Juan Gómez. "Podemos decirle a la gente común que se investigó, se hizo justicia y aventamos los comentarios de que Figueredo venía a pasar la Navidad", agregó.

El ex dirigente, de 83 años, llegó a Montevideo el jueves por la mañana en un vuelo proveniente de Madrid. Hasta el momento no obtuvo la prisión domiciliaria solicitada por su defensa, lo que podría serle concedido en la medida que avance el proceso judicial.

"Es una persona de edad avanzada y con serios problemas de salud que se vieron agravados durante su detención en Zúrich. Además, la ley prevé como opción la prisión domiciliaria a partir de los 70 años", había dicho a Reuters más temprano su abogada en Uruguay, Karen Pintos.

El ex dirigente habría aportado información relevante en su declaración a cambio de que se reduzca su pena. El Código Penal prevé un mínimo de 2 años de prisión y un máximo de 15 para el delito de estafa y lavado de activos.