Este miércoles se cumple la audiencia para resolver el pedido de prisión hecha por la Fiscalía contra Fujimori por presunto lavado de activos y aportes de Odebrecht. "Hemos identificado a parte de la estructura de la organización criminal liderada por Keiko Fujimori", sostiene el fiscal José Pérez.

Lima. La líder de oposición en Perú, Keiko Fujimori, podría ir a prisión preventiva por tres años si un juez acepta este miércoles el pedido de un fiscal que la investiga por presunto lavado de activos y recibir aportes ilegales de la brasileña Odebrecht.

Decenas de simpatizantes de la política, que se congregaron cerca de la sede judicial en el centro de Lima para apoyar a la hija del expresidente Alberto Fujimori, se enfrentaron con detractores mientras comenzaba la audiencia y la policía tuvo que usar bombas lacrimógenas para despejar a los manifestantes.

La audiencia para resolver el pedido se inició bajo la dirección del juez Richard Concepción, cuyo fallo anterior de detención preliminar fue anulado la semana pasada por una sala superior alegando que la medida no había incluido fundamentos razonables para ordenar la prisión.

"Hemos identificado a parte de la estructura de la organización criminal liderada por Keiko Fujimori", dijo el fiscal José Pérez, quien lidera la investigación, en la audiencia transmitida por algunos canales de televisión.

Keiko Fujimori, que perdió en ajustados balotajes las elecciones presidenciales del 2011 y del 2016, es acusada de haber liderado una organización criminal con fines políticos y de recibir un aporte de US$1,2 millones de Odebrecht para su campaña electoral de inicios de la década.

El fiscal Pérez, que pide la prisión preventiva por riesgo de fuga de Fujimori y otros 11 colaboradores, tendría ahora más evidencias, como la de un testigo protegido que afirma que hubo aportantes falsos para ocultar el favor de Odebrecht, según documentos de la fiscalía publicados por la prensa local.

El proceso judicial ocurre en la misma semana en que el partido opositor Fuerza Popular -fundado por Keiko Fujimori- anunció una reorganización y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, presentó una licencia para apartarse "temporalmente" de la organización.

A inicios de octubre, el clan familiar sufrió otro golpe luego de que un juez anuló un indulto al expresidente Alberto Fujimori y ordenó que cumpla una condena de 25 años de prisión por violación a los derechos humanos.

En las calles cerca a la sede judicial, los simpatizantes de Fujimori con banderas color naranja de su partido permanecían apostados; mientras que los opositores a la líder política con vinchas en la frente gritaban "Fujimorismo nunca más" con fotos de apoyo de los rostros del fiscal y juez de la causa.

En tanto, la policía, con escudos y cascos de plástico, formaban un cordón para evitar nuevos enfrentamientos.