La iniciativa busca declarar de "interés público" la producción, comercialización y distribución del papel para periódicos, y será debatida primero por la Cámara de Diputados, donde el peronismo es minoría.
El gobierno argentino presentó la noche del viernes en el Congreso un proyecto para declarar de "interés público" el papel para diarios, cuyo única fábrica está controlada por los periódicos La Nación y Clarín, enfrentados con la presidenta Cristina Kirchner.
La iniciativa, presentada a último minuto de la actividad legislativa, busca declarar de "interés público" la producción, comercialización y distribución del papel para periódicos, será debatida primero por la Cámara de Diputados, donde el gobernante peronismo no tiene la mayoría.
"La producción de papel de diario constituye una actividad absolutamente relevante por su contribución de carácter directo a la existencia de las publicaciones de las que depende buena parte de la transmisión cultural y periodística en las sociedades modernas", dice el proyecto.
Kirchner anunció este martes la iniciativa, al leer un informe basado en una investigación de 26.000 páginas en la que además acusó a los diarios Clarín y La Nación, los de mayor difusión de Argentina, de apropiarse en 1976 de Papel Prensa, la única productora del insumo, en complicidad con la dictadura (1976-83), aunque ambos medios negaron enfáticamente esa versión.
El gobierno sostiene que la compañía vende el papel a los periódicos pequeños a precios más elevados de los que los compran Clarín y La Nación y consideró que ello atenta contra la libertad de expresión.
"Por eso la necesidad de que todos los medios gráficos del país cuenten con las mismas condiciones para su insumo básico, que es el papel de diario", dijo la mandataria este viernes en un acto en la provincia de Santa Fe.
Además de presentar el proyecto sobre el papel para periódicos, el gobierno denunció ante la justicia la operación de compra de Papel Prensa por parte de Clarín y La Nación que, según la versión oficial, se concretó en supuesta connivencia con el régimen cívico-militar.
El titular del radicalismo, Ernesto Sanz, indicó el viernes que su partido, el mayor de la oposición, "no votará un proyecto que apunte a restringir la libertad de expresion", pero dijo que están dispuestos a discutir un texto que "implique garantizar el acceso a los insumos" para los diarios.
Felipe Solá, diputado del peronismo disidente opositor, considera que el objetivo final del gobierno "es destruir la condición privada de la empresa y el Estado hacerse dueño de Papel Prensa".
El Estado posee el 28% de las acciones en esa compañía fundada en 1972 que actualmente abastece del insumo a 130 medios gráficos y alcanza una producción de 170.000 toneladas anuales.
"Los diarios chicos hoy pagan 650 dólares la tonelada de papel, mientras que Papel Prensa les vende a Clarín y La Nación en 500 dólares la tonelada", dijo el jueves a la AFP el diputado del gobernante peronismo Juan Carlos Gullo, vicepresidente de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja.
Organizaciones de prensa internacionales cuestionaron la iniciativa oficial al considerarla un ataque a la libertad de prensa, mientras que la pelea del gobierno en particular con el grupo Clarín, que agrupa a decenas de empresas, sigue abierta en varios frentes.
Una semana antes de que la mandataria difundiera el informe sobre Papel Prensa, el gobierno canceló por presuntas irregularidades la licencia de la firma Fibertel, también del grupo Clarín, que brindaba servicios de internet a un millón de usuarios, sobre un total de 4,2 millones en el país.
