Los empresarios del país buscan cambiar sus estrategias de responsabilidad social hacia un enfoque más rural y regional.

Bogotá. Si hay algo que tienen en común los empresarios, al menos los que están a favor de los acuerdos entre el gobierno nacional y las Farc, es que la terminación del conflicto representa grandes oportunidades para las empresas del sector privado y público.

Pero, más allá del negocio, otro de los factores que une a este sector de empresarios es la que consideran la línea transversal que debe primar a la hora de fomentar el desarrollo: la inclusión. Es decir, involucrar a las regiones más profundas del país al aparato económico para generar condiciones favorables para dichas poblaciones.

Unas intenciones que se tejen desde la creación de empleo hasta la reconstrucción de la presencia del Estado a través de las instituciones y las oportunidades para que los mismos habitantes puedan generar modelos propios para el desarrollo de sus entornos. (Lea: Mintransporte busca préstamo para red de vías terciarias en el país)

Jorge Giraldo, decano de Humanidad de la Universidad Eafit, considera que todo el esfuerzo debe partir de un fortalecimiento de la gobernabilidad local, debido a que muchas de las regiones más afectadas se caracterizan también por una baja presencia del Estado y poca capacidad institucional. Asimismo, señala la inversión prioritaria para el campo en infraestructura como las vías terciarias. (Lea: ¿Cómo debe ser la infraestructura en el posconflicto?)

Esta base “permitiría la integración de estos territorios a los circuitos sociales y económicos del país”, señala, y advierte que, más allá de los acuerdos firmados con las Farc, estos asuntos los va a resolver la concordancia de los planes de desarrollo  y los programas de gobierno regionales con lo que se pactado en La Habana.

“Hasta ahora la solución ha sido fácil y tecnocrática. Llevar los recursos de las regiones a Bogotá y distribuirlos desde allá. Pero hay que llegar al territorio con la idea de construir instituciones públicas, organizaciones civiles fuertes y autónomas y generar posibilidades para que surja la iniciativa privada local”, expresa el académico.

Este avance estructural permitiría que las iniciativas privadas de desarrollo lleguen a territorios más firmes institucionalmente, con enfoques más incluyentes. Este es un horizonte que tienen bastante claro varios empresarios en el país.

“El desarrollo no se puede pensar como se venía pensando porque en él no hay inclusión. Este se debe construir de manera diferente para impactar de manera diferente en la zonas rurales”, dijo Sylvia Escovar, presidente de Terpel, durante el foro Futuro Colombia, en Cartagena, organizado por la Fundación Ideas para la Paz.

Para Escovar, el momento para hacer ese cambio en la estructuración de los proyectos de desarrollo en el país en el posacuerdo con las Farc y durante el que se llevará a cabo la implementación.

Por su parte, Álvaro Forero Tascón, director de la fundación Liderazgo y Democracia, expresa que uno de los puntos más urgentes para que, incluso, más empresas del sector privado tengan una motivación más fuerte para llegar a los territorios más afectados por el conflicto en la transición de la economía ilegal a la legal.

“No todos los territorios en conflicto tienen cultivo ilícitos, pero sí una gran parte. El reto es meterlos a todos en la economía legal. A las Farc les interesa porque son su base política, y al Estado le debe interesar antes que cualquier cosa”, señala Forero.

En la medida en que se logre esa transición, el sector privado va a llegar con mayor facilidad. Forero advierte que, por supuesto, será un proceso costoso que requerirá de toda la cooperación de otros países.

“Apenas se firme la paz hay que pedirle, y casi que exigirle a la comunidad internacional, que participe. Ahora que está la oportunidad, no insistamos solamente en el glifosato, sino en la reconversión de cultivos, por ejemplo. Esa es la clave”, dice.

Sin embargo, las apuestas desde el sector privado por las regiones afectadas ya se hacen visibles. Amylkar Acosta, director de la Federación Nacional de Municipios recalca la labor del Estado y, al tiempo, indica que muchas empresas también han replanteado sus estrategias de responsabilidad social es un concepto más moderno: no el de hacer lo mínimo necesario, sino lo máximo posible en sus áreas de influencia.

Asimismo, está de acuerdo con modelos como el de obras por impuestos, en el que el sector privado invierte los recursos de tributación en infraestructura que beneficie a las comunidades. Advierte que aún se está a tiempo de pensar la conectividad de las poblaciones a proyectos de gran envergadura como la construcción de vías 4G, de manera que no solo sirvan como “corredores del progreso”, sino que sean una alternativa para que los pequeños productores puedan sacar sus productos del campo a las ciudades.

Un ejemplo de esto lo pone Peter Natiello, director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por siglas en inglés) en Colombia. “Hay muchos mercados ilícitos y nos interesa fortalecer las cadenas de valor para que los pequeños productores ingresen a los lícitos. Trabajamos, por ejemplo, con la banca para que puedan entrar a esas zonas con servicios financieros y la plata no se preste a cuenta gotas, que tiene intereses altos”, señala.

Natiello explica que en zonas como el bajo Cauca antioqueño hoy trabajan con centenas de familias que cultivan cacao y cafés especiales y que antes producían coca para el narcotráfico. “Casa Luker, que es una compañía colombiana, trabaja con estos pequeños productores para que se pueda aumentar la producción y la calidad ante la demanda internacional de cacao”, concluye.

Lo importante es que aún se está a tiempo de replantear las estrategias, tanto desde el Estado como desde el sector privado, para que la inclusión de las regiones más afectadas por el conflicto puedan hacer parte de la cadena económica a nivel nacional y que el abandono no siga funcionando como combustible de un conflicto como el que está a punto de acabar.