En sus 12 años en el país, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) trazó una radiografía de la corrupción en el país y ayudó a fortalecer tribunales. Pero los guatemaltecos la evocan por enviar a prisión a poderosos políticos.
Ciudad de Guatemala. Días atrás, miembros de Naciones Unidas, jueces, líderes de la sociedad civil y exfuncionarios se reunieron en Guatemala para dar el último adiós a la comisión de la ONU contra la impunidad, luego de que, en 2018, el presidente Jimmy Morales puso fin a su mandato cuando su propia familia sintió el rigor de su gestión.
En el evento, que duró dos días, no hubo miembros de la élite política ni empresarial del país, lo que ha sembrado dudas sobre si el nuevo Gobierno seguirá el legado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), o su destierro permitirá un retroceso en la justicia.
Varios jueces dijeron a Reuters que sin la CICIG, una de las instituciones anticorrupción más exitosas de Latinoamérica, se les dificultará seguir adelante con unos 70 importantes procesos judiciales por amenazas en su contra, reducción de personal y falta de transferencia de capacidades desde la CICIG.
"La lucha contra la corrupción queda debilitada", dijo a Reuters Haroldo Vásquez, juez por dos décadas y presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad, un espacio donde decenas de letrados se apoyan y repelen los ataques contra su trabajo.
"La justicia y la independencia judicial no son temas que interesen a muchos en el Gobierno", agregó el jurista que ha llevado varios casos respaldados por la CICIG.
En sus 12 años en Guatemala, la CICIG trazó una radiografía de la corrupción en el país, ayudó a fortalecer tribunales y profesionalizó el Ministerio Público. Pero los guatemaltecos la evocan por enviar a prisión a poderosos políticos y empresarios.
El caso más emblemático que develó la CICIG fue el conocido como “La línea”, una red de defraudación aduanera comandada por el entonces presidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti. La investigación, que llevó a prisión a ambos en 2015, sacudió a la clase política del país.
Siete de cada 10 entrevistados recientemente por la firma Prodatos aprueban la labor de la Comisión, pero el presidente electo, Alejandro Giammattei, ha dicho que no restituirá su mandato, que vence el 3 de septiembre, y que buscará una opción local para combatir la corrupción.
Pero muchos creen que el camino será cuesta arriba.
"Deben saber los que pretenden retornar al reino de la impunidad que el retroceso de la justicia impactará, además, negativamente en la economía y en la gobernabilidad", aseguró la semana pasada el colombiano Iván Velásquez, jefe de la CICIG, en el evento de despedida de la comisión de la ONU.
Moody's advirtió en enero que la expulsión de la CICIG era "negativa" para el crédito soberano de Guatemala y el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo en mayo que existe un riesgo de que "el debilitamiento en la lucha contra la corrupción socave las perspectivas de inversión".
Giammattei estuvo preso en 2010 por una acusación de la CICIG de una masacre al interior de una prisión cuando fue director del sistema carcelario entre 2005 y 2007. Diez meses después salió en libertad por falta de pruebas.
"Nos la van a pagar". En 2007, un panel de fiscales internacionales de la Comisión aterrizó en Guatemala. Su objetivo: trabajar en conjunto con el Ministerio Público para fortalecer el estado de derecho y combatir las redes delincuenciales enquistadas en el país tras más de 30 años de guerra civil.
Fue un experimento arriesgado, pero el gobierno de Óscar Berger estaba dispuesto a ceder cierto terreno en la procuración de justicia en vista de la frágil democracia guatemalteca, la debilidad de sus instituciones y la extensa corrupción.
Las investigaciones comprometieron a dos expresidentes, una exvicepresidenta, magistrados, casi dos decenas de exministros y varios diputados. Pero tras involucrar al propio Morales y a su familia, el mandatario puso fin a la gestión de la CICIG y prohibió la entrada al país a sus investigadores.
Desde entonces debió empezar la transferencia de capacidades a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) -creada bajo el paraguas de la CICIG- y a otras instituciones estatales, pero investigadores de la comisión y jueces aseguran que no ocurrió o fue defectuosa, lo que pone en riesgo unos 70 casos activos.
"La transferencia de capacidades no se dio", dijo el juez Miguel Ángel Gálvez, quien ha tenido a su cargo importantes investigaciones de corrupción capitaneadas por la CICIG. "La fiscal está metiendo mucha gente en la FECI (...) ¿Cómo van a entender investigaciones muy extensas?", se preguntó.
Gálvez, de 61 años y titular de un juzgado que maneja casos de alto impacto, auguró que en el futuro las audiencias serán "más ineficientes" por la falta de transferencia de capacidades, reducción de personal y porque la dimensión y complejidad de los expedientes impiden que se puedan pronunciar en poco tiempo.
No obstante, el portavoz de la CICIG, Matías Ponce, aseguró que la transferencia de capacidades "se ha dado de manera permanente" aunque agregó que no se ha "consolidado" ya que los abogados de la comisión no han pasado a integrar la FECI.
Además, decenas de jueces han denunciado que desde que se anunció el fin de la Comisión las amenazas en su contra se agravaron: desde colegas que los desafían con abrir procesos hasta llamadas telefónicas intimidatorias y seguimientos.
"Han aumentado los ataques a los operadores de justicia: hemos visto mensajes donde dice que deberíamos estar muertos, fuera del país", confesó la jueza Erika Aifán.
La jurista aseguró que la Corte Suprema sabe de las amenazas pero no ha actuado. El mayor tribunal del país no respondió a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.
"En política, si vas a atacar nunca hay que dejar heridos. Ahora ya tenemos la lista de los investigadores y fiscales que nos la van a pagar por haber sido tan mala gente con todos nosotros", dijo a Reuters un político que estuvo preso luego de una investigación de la CICIG y que solicitó el anonimato.
Jueces, investigadores de la CICIG y exfiscales coincidieron en que el próximo Gobierno debe garantizar la independencia judicial para no echar a perder el trabajo de la Comisión en uno de los países con mayor impunidad del mundo.
"A veces, parece que muchos quieren un juez ad hoc, acomodado a sus intenciones, de sus intereses", se lamentó el juez Haroldo Vásquez. "Pero hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando. Estamos acá hasta las últimas porque no sabemos hacer otra cosa".
