Ante las deportaciones masivas de colombianos ordenadas por Maduro, el organismo de la OEA visita el lado colombiano de la frontera para comprobar in situ el respeto de los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), visita la frontera entre Colombia y Venezuela para "observar la situación de derechos humanos de las personas en dicha zona", tras la deportación de un millar de colombianos del país vecino.

La visita, que comienza este jueves y finalizará el 12 de septiembre, tiene como objetivo "verificar en el terreno las condiciones de las personas de nacionalidad colombiana que han sido expulsadas del territorio venezolano o que han decidido retornar a su país" a raíz de la crisis fronteriza entre estos dos países.

En la delegación de la CIDH viajarán el comisionado Felipe González, relator sobre derechos de las personas migrantes y relator para Venezuela; el comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, relator para Colombia; y el secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza, entre otros.

Conforme a las normas que rigen su mandato, la CIDH pidió permiso a los gobiernos de Colombia y Venezuela para visitar ambos lados de la frontera. La Comisión recibió la respuesta afirmativa de Colombia, pero "hasta el momento no se ha recibido respuesta del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela", explicó la CIDH. Por ese motivo, la CIDH sólo visitará, de momento, el lado colombiano de la frontera.

Durante su estancia en Colombia, la delegación de la CIDH se reunirá con "autoridades colombianas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de organizaciones internacionales y personas afectadas por la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela".

Más de 20 días de crisis en la frontera. Las tensiones empezaron el 20 de agosto, cuando Maduro cerró la frontera entre el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander, decretó el estado de excepción en algunos sectores limítrofes y ordenó las deportaciones, con el argumento de la lucha contra el contrabando y las bandas armadas que operan en la zona.

Cifras del gobierno colombiano indican que 1.097 personas han sido deportadas desde que empezó la crisis, aunque más de 15.000 han cruzado la frontera para retornar a su país y anticiparse a la deportación.