Según el estatal Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea), las cifras indican que el número de armas compradas cada año por los brasileños se redujo desde unas 57.000 en 2003 hasta cerca de 37.000 en 2009.
Río de Janeiro, EFE. El porcentaje de familias brasileñas que compra armas de fuego bajó un 40,6% desde 2003, cuando entró en vigor el Estatuto del Desarme, una legislación más rígida para la posesión y el porte de armas en el país, según un estudio divulgado hoy por el gobierno.
Mientras que en 2003 el 0,0397 de los responsables por los hogares dijo haber adquirido un arma de fuego, en 2009 solo el 0,0236 de los jefes de hogar admitió haberlo hecho, al ser preguntados para el "Estudio de presupuestos familiares".
Según el estatal Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea), las cifras indican que el número de armas compradas cada año por los brasileños se redujo desde unas 57.000 en 2003 hasta cerca de 37.000 en 2009.
Pese a que estadísticamente un hombre tiene ocho veces más posibilidades que una mujer de ser el comprador de un arma en Brasil, la demanda masculina se redujo en un 45,1% desde la entrada en vigor de las normas más rígidas, según la investigación.
El estudio mostró además que las compras de armas por jóvenes de entre 20 y 29 años fue superior en un 172% a las de personas de entre 40 y 49 años en el periodo analizado.
Sin embargo, la demanda juvenil por armas se redujo un 51,2% frente a las cifras de 2003.
Un jefe de hogar tiene un 636% más de posibilidades que su cónyuge de ser el comprador de un arma de fuego y un 154,2% más que alguno de sus hijos, pero su demanda se redujo un 39,1% en el periodo.
El perfil trazado por el Ipea muestra además que los analfabetos y las personas con menos de tres años de estudio compran el doble de armas que las adquiridas por las personas con más de doce años de estudio.
"La compra de armas cayó más entre los grupos que eran los principales compradores: jóvenes, hombres, solteros y personas de menor instrucción", resumió el presidente del Ipea, Marcelo Neri, en una rueda de prensa en Río de Janeiro en la que presentó los resultados del estudio.
Por regiones, la compra de armas en las zonas rurales es en un 396,4% superior que en las ciudades.
Si se trata de ocupación, la posibilidad de un empleador de comprar un arma de fuego es en un 219,7% superior a la de un empleado.
"La mayor percepción de necesidad de protección del patrimonio tal vez explique ese resultado", según Neri.
El Estatuto del Desarme, sancionado en diciembre de 2003, restringe severamente, con elevadas penas de prisión, el uso y la compraventa de armas de fuego en el país.
Dicha norma establece entre otras cosas, que los únicos que pueden salir armados a las calles son policías, militares e integrantes de servicios de inteligencia y seguridad oficiales.
Los demás propietarios de armas, aunque tengan licencia, tienen que mantenerlas guardadas en casa, y quienes desobedezcan esa norma podrán ser condenados a penas de hasta cuatro años de prisión.
