La máxima instancia judicial argentina confirmó este martes la suspensión de un artículo de una reciente ley de medios que obliga a los conglomerados de comunicación a desprenderse de algunas de sus empresas, en un fallo que significa un revés para el gobierno de Cristina Fernández.

Buenos Aires. La Corte Suprema de Argentina confirmó este martes la suspensión de un artículo de una reciente ley de medios que obliga a los conglomerados de comunicación a desprenderse de algunas de sus empresas, en un fallo que significa un revés para el gobierno.

La decisión podría generar un cortocircuito entre el tribunal y la presidenta Cristina Fernández, que esperaba la venia de la justicia para aplicar un artículo cuestionado por las empresas de comunicaciones que obliga a los medios a deshacerse de parte de sus activos en el plazo de un año.

El tribunal dejó firme una medida cautelar previa al desestimar un recurso interpuesto por el Estado, con el argumento de que no tiene competencia porque aún no existe una sentencia definitiva sobre el caso.

Pero la Corte señaló en el fallo, al que Reuters tuvo acceso, que "se considera conveniente la fijación de un límite razonable para la vigencia de la medida cautelar", lo que significa que el tribunal inferior a cargo de la causa no podrá demorar su decisión definitiva.

Fuerte disputa. La ley de medios, que fue impulsada por el gobierno y aprobada por el Congreso el año pasado, generó una fuerte disputa entre la presidenta Fernández y el Grupo Clarín, uno de los mayores conglomerados de comunicación de América Latina, que resultaría uno de los principales perjudicados por la nueva norma.

Tanto Grupo Clarín como el holding de medios Uno vienen resistiendo en la justicia la aplicación de la norma, de la que principalmente cuestionan el artículo 161, que afectaría a empresas que posean más licencias que las autorizadas por la ley y las obligaría a vender algunas de sus compañías.

Con esta disposición de la Corte se mantiene suspendido el plazo fijado por la ley para que los medios se desprendan de las empresas, aunque el tribunal no se expidió sobre la obligación de desinvertir dispuesta en la normativa.

Fernández sostiene que la ley permitirá la existencia de nuevos jugadores en el mercado de la comunicación, pero los críticos señalan que aumentará la influencia del Estado en el sector.