El gobierno de Sebastián Piñera prevé que Bolivia desplegará un plan que abarque demandas por el desvío del río Lauca, el uso de las aguas del Silala y la detención de tres soldados bolivianos en enero.

Chile teme que Bolivia le abra tres juicios más, en la medida que el país, con la demanda presentada ante la Corte de Justicia de La Haya, se reservó el derecho de acudir en el futuro a un tribunal de arbitraje. Serían causas por el río Lauca, el manantial Silala y los tres soldados.

El gobierno del presidente de Chile, Sebastián Piñera, prevé que Bolivia desplazará, junto a su demanda jurídica de una salida soberana al mar en La Haya, toda una estrategia que abarque demandas por el desvío del río Lauca, el uso de las aguas del Silala y la detención de tres soldados bolivianos en enero, en plena acción contra el contrabando en la frontera.

Este es un escenario previsto por la Cancillería chilena, según el diario La Tercera, con base en fuentes oficiales del Gobierno de ese país. El objetivo boliviano sería abrir varios flancos simultáneos a la demanda ante La Haya, a fin de presionar a La Moneda

“Desde presentar demandas por conflictos históricos de los ríos Lauca (1962) y Silala (1996), hasta hechos más recientes, como la detención de soldados bolivianos que cruzaron ilegalmente la frontera chilena, podrían ser usados por la estrategia de La Paz”, agrega el medio del país trasandino.

Instancia. Si Bolivia reclama el incumplimiento u otra situación del Tratado limítrofe de 1904, la única instancia posible es la Corte Permanente de Arbitraje, tribunal también radicado en La Haya. En el Gobierno chileno, sin embargo, dicen haber tomado los resguardos. De hecho, cada una de esas posibles aristas judiciales fue analizada por asesores jurídicos desde 2011, cuando el presidente Evo Morales anunció el inicio de una demanda. “Es por esa razón que hemos podido prever lo que Bolivia ha hecho. No ha habido mucha sorpresa”, dijo el jueves Alfredo Moreno, canciller chileno.

El miércoles 24, la administración de Morales presentó en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la causa que pretende lograr un fallo que obligue a Chile a negociar con Bolivia una salida soberana al Pacífico, en cumplimiento de compromisos que históricamente asumió en esta dirección. El Estado reivindica que las aguas del Silala, desviadas artificialmente hace más de 100 años, nacen y mueren en territorio boliviano, mientras que Santiago asegura que se trata de un río de curso internacional.

La Gobernación de Potosí encaminó proyectos para el aprovechamiento de las aguas ubicadas en el cantón Quetena Chico, fronterizo con Chile. En marzo de este año fue inaugurado un criadero de truchas y está en proyecto la instalación de una embotelladora y una hidroeléctrica en la zona.

Otra tensión internacional entre ambos países es el río Lauca, debido a que sus aguas fueron desviadas en 1962 hacia Chile, sin consentimiento de Bolivia. Por este motivo ese año las autoridades bolivianas rompieron relaciones diplomáticas con el vecino. Si bien los tres soldados detenidos en la frontera con Chile en enero de 2013 ya retornaron a Bolivia gracias a un recurso legal, para el Gobierno boliviano el hecho fue una agresión.

La crítica de Alan García. Para el ex presidente del Perú, Alan García, la demanda que inició el gobierno de Evo Morales fue por la “necesidad de impulsar una reelección” y desestimó la posibilidad de que el país tenga éxito en el proceso judicial.

Autoridades no hablarán más sobre la acción jurídica. Fuentes allegadas al gobierno de Evo Morales informaron que desde la clase política ya no se brindará informes ni opiniones sobre la demanda que Bolivia inició contra Chile, para evitar que el proceso pierda su esencia penal y tome un tinte político que puede afectarlo seriamente.

Este viernes, el vicepresidente Álvaro García Linera convocó a una conferencia de prensa en la que se limitó a señalar que el Ejecutivo aceptó revisar la Ley de Pensiones en vigencia, para incrementar las rentas a los jubilados, y evitó hacer declaraciones sobre otros temas, entre ellos el juicio al país vecino.

La fuente gubernamental explicó que, a partir de la fecha, los únicos autorizados a emitir declaraciones o informes sobre el proceso serán los miembros de la comisión que viajó a La Haya (Holanda) para interponer la causa.

Esa instancia estaba compuesta por el agente Eduardo Rodríguez, el canciller David Choquehuanca, además de los ministros de Defensa, Rubén Saavedra; la de Transparencia, Nardi Suxo; el titular de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa; el procurador general, Hugo Montero; el embajador ante la ONU, Sacha Llorenti; y el diputado del MAS Héctor Arce.

Choquehuanca: Ahora tenemos árbitros. El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, explicó que una vez presentada la demanda contra Chile ante el Tribunal de La Haya, se tiene “un árbitro” que establecerá plazos para una negociación. De esta forma respondió a la posición de Santiago que, el jueves, expresó que no está obligado a negociar un acuerdo.

Choquehuanca afirmó que el Gobierno chileno “sabe que hay un problema pendiente” con la exigencia de su país de tener una salida al mar, y abogó por el diálogo como vía para resolverlo. “La diferencia es que ahora tenemos un árbitro y se fijarán plazos” para una negociación, según el Canciller boliviano.

En una entrevista con EFE, a su paso por Madrid, Choquehuanca explicó que Bolivia ha tenido que recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como medio para que Chile negocie la histórica petición de su país de tener una salida al océano Pacífico.

El miércoles 24, el Canciller boliviano, junto al agente ante la Corte, Eduardo Rodríguez Veltzé, presentó en el CIJ, tribunal con sede en La Haya (Holanda), una demanda para obligar a Chile a negociar un acuerdo para que Bolivia tenga salida soberana al mar.

OEA. La demanda se apoya en razones jurídicas, políticas, sociales e históricas, según el ministro, quien recordó que la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció varias veces sobre el asunto. Bolivia perdió 400 kilómetros que tenía su litoral en el Pacífico y 120.000 km2 de territorio en la Guerra del Pacífico (1879-1883) contra Chile; el Tratado de 1904 fijó los límites entre los dos países.

“Nunca hemos dejado de reclamar (la salida al mar). En la Constitución se dice que es irrenunciable”, afirmó Choquehuanca, quien subrayó la disposición de las autoridades de su país al diálogo con Chile, a pesar de haber tenido que acudir a la Justicia Internacional. Bolivia seguirá llevando a las reuniones de la OEA su demanda, porque entiende que no es un problema entre su país y Chile, sino que tiene un interés regional.