El general Javier Flórez y el coronel Vicente Sarmiento, por el gobierno, y los jefes guerrilleros ‘Joaquín Gómez’ y ‘Carlos Lozada’, comenzaron a definir desde las reglas de juego de la subcomisión para el fin del conflicto.
El proceso de paz que adelantan el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana (Cuba) dio un paso significativo al poner en funcionamiento —esta vez en firme y casi seis meses después de instalada— la subcomisión para el fin del conflicto, punto tres de la agenda de diálogos, que incluye los temas del cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de armas y la reincorporación del movimiento guerrillero a la vida civil, con plenas garantías de seguridad.
En otras palabras, los enemigos directos en la guerra estarán frente a frente —inicialmente por dos días— definiendo las reglas de juego y el alcance de la subcomisión, que no tendrá facultades negociadoras sino un carácter técnico, y que trabajará paralela a la mesa de diálogos, que avanza actualmente en la discusión de la reparación a las víctimas del conflicto. De un lado, el general Javier Flórez y el coronel Vicente Sarmiento, a nombre del Gobierno, y del otro, alias Joaquín Gómez y alias Carlos Lozada, como voceros de las Farc.
Desde un comienzo, el hecho de que oficiales activos y de alto rango se sumaran al proceso de paz de La Habana fue considerado como una estrategia del presidente Santos para fortalecer los diálogos. Para el jefe de Estado, son los miembros de las Fuerza Pública quienes conocen el trabajo que se ha hecho en la búsqueda de la paz y los que pueden decir “cómo se debe desmovilizar y cómo el enemigo debe entregar sus armas”. Para el uribismo, su acérrimo opositor, es una “humillación” que miembros de Fuerzas Militares sean “obligados” a sentarse con quienes hace poco “estaban matando uniformados”.
En el equipo gubernamental, llamado Comando Estratégico de Transición, además del general Flórez y el coronel Sarmiento, estarán el coronel del Ejército Saúl Rojas Huertas, el capitán de Fragata Ómar Cortés Reyes, el teniente coronel de la Policía Edwin Chavarro Rojas, el mayor de la Fuerza Aérea Rodrigo Mezú Mina y la teniente de Navío Juanita Millán Hernández. A ellos los acompañarán Mónica Cifuentes Osorio, directora jurídica de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; César Restrepo Flórez, director de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, y Alejandro Reyes Lozano, asesor de la Oficina del Comisionado para la Paz.
Del lado de las Farc está lo que llaman el “Comando Guerrillero para la Normalización”, que integran —además de Joaquín Gómez y Carlos Lozada, miembros del Secretariado— los jefes guerrilleros Isaías Trujillo, Francisco González, Rubín Morro, miembro del Estado Mayor Central; Wálter Mendoza, Fabián Ramírez, Édinson Romaña, Matías Aldecoa, Érika Montero, Maryerli Ortiz y Mireya Andrade.
Lo claro es que la subcomisión preparará las propuestas para acabar el conflicto, que solo serán abordadas por los plenipotenciarios una vez concluya la discusión sobre víctimas. Sin embargo, según conoció El Espectador, existe la posibilidad de que desde ahí se hagan recomendaciones concretas encaminadas al desescalamiento del conflicto. Al fin y al cabo se trata de los llamados “troperos”, militares y guerrilleros que conocen los pormenores del combate y es mucho lo que pueden aportar.
Un asunto fundamental a estas alturas de la negociación, pero que sigue generando discrepancias, como la protagonizada el martes pasado por Humberto de la Calle y Pastor Alape, en torno al desminado. Para el jefe negociador del Gobierno, es un tema que viene siendo tratado desde hace rato, tiene propuestas y es hora de que las Farc avancen al respecto, mientras que para el comandante guerrillero lo mejor es esperar a que el asunto sea abordado en la mesa y se llegue a acuerdos. Posiciones que solo sirven para alimentar el escepticismo en el país frente a la paz.
Ahora, más allá de las cuestiones metodológicas, sin duda los primeros pasos de la subcomisión técnica para el fin del conflicto deberán apuntar a buscar acercar posiciones que hoy son muy distantes, como por ejemplo en lo del cese del fuego. Mientras el presidente Santos ha dicho que está contemplado tras la firma de un acuerdo definitivo y que solo sería posible antes si se concreta un acuerdo en lo de víctimas y justicia, además de que haya muestras contundentes de disminución de la confrontación, para las Farc debería darse ya. “El mayor gesto de desescalamiento es la tregua bilateral”, le dijo recientemente Marcos Calarcá a este diario.
Otro punto de divergencia tiene que ver con los conceptos que cada una de las partes entiende por ‘cese de hostilidades’. Para el Gobierno, las Fuerzas Militares no realizan hostilidades, algo que sí hacen las Farc por ser un ejército irregular. En ello incluye además todas las acciones contra la población civil, como el secuestro, el reclutamiento de menores, la extorsión y otras relacionadas con actividades como el narcotráfico y la minería ilegal. La guerrilla cree, por su parte, que existen muchas medidas estatales que afectan a los ciudadanos —de tipo económico y social— y que son hostiles y opresoras.
Y está, por supuesto, el espinoso tema de las Fuerzas Armadas. Para las Farc, el fin del conflicto implica, quiérase o no, “estudiar el regreso de la fuerza militar a su rol constitucional, su no utilización irregular para asuntos de orden público interno y el desmonte de los batallones dedicados a la persecución de la oposición política. Además, las fuerzas de policía deberán desmilitarizarse, prescindiendo de su actual doctrina contrainsurgente”, como aseguró Calarcá. Y para el presidente Santos, eso ni está en discusión, ni figura en la agenda y ‘ni de fundas’ será considerado.
