En la Nueva Mayoría este miércoles fue un día de alerta ante la posible filtración de nuevos nombres del oficialismo, financiados por la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.
A través de su abogado, el gerente general de Soquimich, Patricio Contesse, pidió a la justicia que la Fiscalía aclare sus investigaciones por el presunto financiamiento de esta compañía a campañas electorales de personeros de la Nueva Mayoría (coalición de gobierno).
Precisamente el defensor del alto ejecutivo, el abogado Samuel Donoso, solicitó una “cautela de garantías” para que el Octavo Juzgado de Garantía revise si las actuaciones de los fiscales, en esta arista del caso Penta, están apegadas “a derecho”.
En la Nueva Mayoría este miércoles fue un día de alerta ante la posible filtración de nuevos nombres del oficialismo, financiados por la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.
El pasado 16 de enero y el lunes recién pasado, los fiscales que investigan estas irregularidades estuvieron en las oficinas donde se lleva la contabilidad de las empresas Soquimich, la minera no metálica, más grande del mundo. Ahí, según la compañía, no se incautó, sino se facilitó toda la información requerida por los persecutores.
Sin embargo, en la última jornada, Samuel Donoso, quien no representa los intereses de la compañía, presentó un recurso denominado “cautela de garantías”. Ahí alega que los fiscales excedieron sus atribuciones al requerir información desde el 2009 al 2014, en circunstancias que la querella del SII, que afecta a Soquimich, sólo se remite a una boleta del ex subsecretario Pablo Wagner y su cuñada María Carolina de la Cerda emitida en julio del 2009.
Ante una investigación desformalizada, la “cautela de garantías” permite a los indagados saber en qué pasos anda la fiscalía y así no excedan sus atribuciones.
A través de un comunicado, la firma minera precisó que “el directorio se reunirá hoy para evaluar dicha solicitud de entrega” de antecedentes, desligándose de las acciones de Contesse y sus abogados.
Según las fuentes consultadas por Radio Bío Bío, Donoso se percató que entre los antecedentes entregados “de buena fe” por la empresa a los fiscales aparecen los archivos con todas las boletas pagadas durante una década a políticos. Por lo anterior, el escalofrío cundió en la última jornada en sectores de la oposición y, sobre todo del oficialismo.
Donoso es un abogado experto en crisis, es decir, en procesos judiciales donde están involucrados personeros de la antigua Concertación y de la actual Nueva Mayoría, ya que actuó en los casos Mop-Gate, Inverlink, Publicam y Tsunami.
Donde está este jurista es porque algún militante del PPD o de sus aliados está en problemas.
FInalmente, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago resolvió que la Fiscalía sí podrá tener acceso a los documentos contables de la empresa SQM, entre 2009 y 2014, al considerar “del todo improcedente” un recurso de la gerencia que buscaba impedir la entrega de esa información.
